Bogotá — En el documento borrador del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que se radicaría ante el Congreso la semana que viene, se le darían facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro durante seis meses para hacer cambios en los programas de Familias y Jóvenes en Acción.
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“Revístese de facultades al Presidente de la República por el término de seis (6) meses, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para expedir decretos con fuerza de ley, con el fin de modificar los programas de Familias y Jóvenes en Acción e incorporarlos al Sistema de Transferencias de que trata el presente artículo”, dice el borrador.
Aunque no se expone con claridad qué tipo de cambios se le harían a estos programas, algunos expertos han manifestado que si los cambios son sustanciales, deberían proponerse en el marco de un debate público y no dejarlo solo en manos del presidente a través de decretos con fuerza de ley.
No obstante, desde la visión de Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión y experto en temas de pobreza, no se necesitan de facultades extraordinarias presidenciales “para modificar un subsidio ejecutado por un departamento administrativo de Presidencia”.
Cabe mencionar que Familias y Jóvenes en Acción son de los programas sociales bandera del país. En estos se dan transferencias condicionadas, es decir, se dan incentivos económicos siempre y cuando se cumplan unos requisitos como por ejemplo incentivar la nutrición y el acceso a educación y salud de los niños en Familias en Acción.
En Jóvenes en Acción el incentivo monetario se da para que los beneficiarios no abandonen sus estudios de colegio por un trabajo, debido a falta de recursos.
Se avecinan nuevos programas sociales
Según el borrador del Plan Nacional de Desarrollo, se creará el programa de renta ciudadana a partir de 2024.
Dicho programa “consistirá en la entrega de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas de manera gradual y progresiva a los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica, con la finalidad de aportar a la superación de la pobreza y promover la movilidad social”.
En el documento se expone que “la focalización, montos, criterios de ingreso y permanencia serán puestos en consideración de la Mesa de Equidad o quien haga sus veces”. Así mismo, indica que Prosperidad Social tendrá hasta el 31 de diciembre de 2023 “para definir, reglamentar, e implementar la armonización de los programas de transferencias monetarias existentes”.
No obstante, se deja claro que “los beneficiarios de los programas actuales continuarán recibiendo los beneficios durante este proceso”.
También se creará una transferencia en especie denominada ‘Hambre cero’. Este consistirá en la entrega de recursos en especie para garantizar el derecho humano a la alimentación de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, “con enfoque de derechos, soberanía alimentaria, participación de las economías popular y comunitarias, y la agricultura campesina, familiar y comunitaria”.
También se creará el Registro Universal de Ingresos (RUI) administrado por Prosperidad Social “con el propósito de determinar la focalización de los subsidios, programas, políticas, planes, proyectos y servicios de la oferta social”.
De acuerdo con el borrador del PND, para la consolidación de ese registro, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) “podrá usar los datos recopilados de fuente primaria de los que se alimenta el Registro Social de Hogares, así como la autodeclaración de información de ingresos y socioeconómica de personas y hogares”.
