Bogotá — No han pasado seis meses desde que Gustavo Petro asumió la Presidencia de la República y ya se cuentan varias renuncias en cargos que resultan claves para el Ejecutivo.
No ha terminado, por ejemplo, la polémica que generó la renuncia de Belizza Ruiz al Viceministerio de Energía, alegando mentiras y falta de gestión técnica por parte de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en la publicación del informe del balance de los contratos de hidrocarburos, cuando ya sale a la luz otra dimisión.
Se trata de la renuncia irrevovable de Flor Esther Salazar, viceministra de empleo y pensiones, y quien era clave en la planeación de la reforma pensional. La ahora exfuncionaria está a la espera de hablar con el presidente Gustavo Petro.
Salazar es doctora y magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y trabajó como directora de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias Economía de esta misma Universidad.
Pero esos no son los únicos casos. A la lista se suman tres casos más que han sacudido la presidencia de Petro: la renuncia de la subdirectora del Dapre, el Departamento Administrativo de la Presidencia, Margarita Montilla Herrera. La razón: la Fiscalía General de la Nación la vinculó a una investigación por presuntas irregularidades en la Ruta del Sol III.
En su carta de renuncia la hoy exfuncionaria expresó que su dimisión obedece a que “seré objeto de una imputación de cargos por parte de la Fiscalía”.
En medio de un escándalo salió de la Secretaría General del Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF), José Antonio Parrado, quien cumplió apenas tres meses en el cargo. Ello debido a contrataciones que habría hecho bajo intereses particulares.
A Parrado, quien también ejerció las posiciones de secretario del alcalde de Chía, Luis Carlos Segura, y quien hizo parte de la Secretaría de Integración de Cundinamarca, se le reconoce por su cercanía a la actual directora del ICBF, Concha Baracaldo.
Y también en esta entidad, a finales de diciembre del año pasado, se conoció la renuncia de Juan Carlos Urrutia, quien se desempeñaba como subdirector general del ICBF. El abogado de la Universidad de La Sabana había ejercido cargos en la Empresa de Energía de Bogotá, las Alcaldías de Nemocón, Chía y Zipaquirá, y CISA, la Centra de Inversiones.
Entidades sin nombramiento todavía
A las renuncias mencionadas anteriormente se añade el hecho de interinidad en varias entidades estatales, porque el Gobierno Petro no ha hecho nombramientos en propiedad: el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), adscrita al Ministerio de Agricultura y donde estaba como gerente Deyanira Barrero, nombrada por la administración Duque y quien trabajó hasta el pasado 6 de enero.
En el Instituto quedó encargada temporalmente María del Pilar Ruíz Molina, directora de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria de la cartera de Agricultura.
Desde agosto pasado la Imprenta Nacional de Colombia, entidad adscrita al Ministerio del Interior, tiene encargo: mediante el Decreto 1716 de 2022 se aceptó la renuncia de Álvaro Jesús Echeverri al cargo de gerente de esta entidad y se encargó a Leonor Arias Barreto, quien ya se desempeñaba como subgerente administrativa y financiera.
Asimismo, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, no tiene nombramiento en propiedad. Con el Decreto 2179 de 2022 se nombró como encargado de la dirección general de la entidad a Ludwing Joel Valerio, director operativo de una de las direcciones de la Unidad, y luego de la renuncia de Andrés Ernesto Díaz, que fue aceptada el 12 de noviembre del año pasado.
