Tegucigalpa — La presidenta Xiomara Castro anunció en cadena nacional el lunes por la noche que en los próximos días remitirá al Congreso “sin aumentar nuevos impuestos una profunda reforma de Ley de Justicia Tributaria dedicada a evitar los abusos de los regímenes de exoneraciones, en instaurar un sistema progresivo y justo”.
La mandataria hondureña compareció por su primer año de gobierno, en el que aseguró que “todos los impuestos, exoneraciones, reformas y regulaciones” aprobadas en las tres administraciones gubernamentales pasadas, “fueron encaminadas hacia la destrucción de lo público y a profundizar en el feroz modelo económico público-privado de corrupción y de impunidad estructural que tenemos que desmontar”.
Castro dijo que se perdonan anualmente al sector privado más de 60.000 millones de lempiras (US$ 2.434,3 millones) que se dejan de pagar en impuestos protegidos con 40 leyes que le fueron aprobados bajo la condición de atraer inversión y generar empleo, y en paralelo se crearon 14 nuevos impuestos cargados directamente al pueblo.
Según Castro, su administración ha controlado el valor del cambio del lempira, se contuvo la inflación que terminó cerrando con un dígito del 9,8% “y logramos que la economía experimentará un sólido crecimiento superior al 4,1% por encima del 3,5 promedio reportado en la región centroamericana”.
Como resultado, esto ha permitido la recuperación y el crecimiento de los flujos de inversión extranjera directa (IED) en 2022, alcanzando un ingreso de aproximadamente US$ 758 millones, creciendo de 8,2% respecto al 2021.
El crédito al sector privado incrementó durante 2022 en 16,5% y también se confirmaron mayores utilidades obtenidas por el sistema financiero, “las cuales alcanzaron cifras extraordinarias”, pasando de 6.300 millones de lempiras (HNL), US$ 255,6 millones, en 2021 a 8.800 millones de lempiras, US$ 357 millones, en 2022, dijo Castro.
La presidenta habló sobre el CAFTA-RD (Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana), que este año elimina los aranceles a granos como el arroz y el maíz, “exponiendo a nuestros productores a una ruina inminente y amenazando nuestra seguridad alimentaria”.
Para ello, dijo que ha solicitado al gobierno de EE.UU. a hacer una revisión a las cláusulas del comercio agrícola para proteger la producción nacional. “Estamos logrando el acompañamiento de todos los países de Centroamérica y de la República Dominicana”, aseguró la mandataria hondureña.
Seguridad ciudadana
En materia de seguridad ciudadana, la presidenta aseguró que han tomado acciones contundentes para erradicar la extorsión y los carteles del crimen organizado.
Para ello, en diciembre pasado, decretó el estado de excepción en aproximadamente el 40% del territorio nacional, junto a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional.
Al respecto, aseguró que ha generado “excelentes resultados”, pero una investigación del medio local La Prensa mostró que de las 8.155 personas detenidas desde el 6 de diciembre bajo la aplicación de esta medida, 8.050 fueron liberados en un lapso de tiempo de 24 horas, mientras que solo a 105 sospechosos los remitieron al Ministerio Público (MP).
En la cadena nacional, Castro aseguró que es “consciente del desafío” que la inseguridad representa para la ciudadanía, “así como detener la violencia contra los defensores de derechos humanos y apoyar las comunidades que luchan y protegen sus recursos naturales, somos defensores de la vida”.
La presidenta recordó que, junto al Poder Legislativo, su gobierno derogó la ley orgánica de las Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), “que privatiza extensas zonas de nuestro territorio”.
La mandataria agregó sobre ello que “no tengo nada que negociar, más que exigir el cumplimiento de la Constitución, mi responsabilidad será siempre la defensa y salvaguarda de nuestro territorio y la soberanía nacional”.
También habló de la derogación de la Ley de Empleo por Hora, la Ley de Secretos y la cancelación de los decretos de los fideicomisos “que corrompieron la estructura fiscal” y ahora los impuestos ingresan íntegramente a la caja única del Estado.
El rescate de las estatales
Para el rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), el gobierno aprobó la Ley Especial de la Energía como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano, mediante la cual más de un millón de familias son subsidiadas del pago de la energía eléctrica cada más. También el subsidio de los combustibles.
La mandataria agregó que han logrado renegociar 18 contratos de energía que dejarán ahorros por más de 1.000 millones de lempiras anuales (US$ 40,5 millones). Al tiempo que continúan en renegociación de cinco contratos “y hay cinco más que hasta el momento se han negado”.
En tanto, dijo que el contrato de fideicomiso con la Empresa Energía Honduras (EEH), aprobado por el Congreso Nacional, “lesivo para las finanzas de la Enee, está intervenido y a punto de expirar”. Para ello, el gobierno ha presentado acciones legales para la investigación de las condiciones en que fue suscrito, aseguró.
Castro dijo que están “haciendo un esfuerzo para rescatar las empresas públicas que con clara intención fueron quebradas para privatizar sus servicios y entregarlos a grupos particulares”.
Entre ellas, mencionó a la Enee, la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado, la Empresa de Aeropuertos, el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, el Instituto Nacional Agrario, Correo de Honduras y Banadesa (Banco Nacional de Desarrollo Agrícola).
