Bogotá — A finales de la semana pasada el presidente, Gustavo Petro, anunció a través de su cuenta de Twitter que, dadas las facultades que le otorga la Ley y en defensa de los usuarios, tomará el control temporal de las entidades que administran el manejo de los servicios públicos en Colombia.
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Dado que el precio de la energía eléctrica ha repuntado en el país impactando el costo de vida de la gente, el presidente Petro ha reiterado desde meses atrás que toca revisar las fórmulas de las tarifas y aunque hubo un acuerdo con las empresas del sector a finales de año, el mandatario se mantiene en hacer nuevos ajustes.
“Propusimos un pacto tarifario a los agentes del mercado y fue burlado”, dijo el presidente Petro a través de su cuenta de Twitter días atrás al comunicar la decisión de tomar control de las comisiones que regulan los servicios públicos en el país.
Aunque la decisión del presidente Petro sí podría reducir los precios de los servicios públicos en el corto plazo, uno de los rubros que más ha impactado la inflación al alza, sus declaraciones generan incertidumbre en el sector y en el largo plazo podría traer consecuencias negativas en la prestación del servicio, su calidad y sus costos, advierten expertos.
“En el corto plazo, si se interviene directamente la fórmula tarifaria, pueden bajar las tarifas. Sin embargo, en el largo plazo implica un desorden institucional que seguramente no solo subirá tarifas, sino además pone en riesgo el abastecimiento”, explicó Alejandro Lucio, experto en el sector eléctrico y director de Óptima Consultores.
Aunque el experto reconoce que “el mercado eléctrico está necesitando desde hace tiempo unas reformas que ya están estudiadas y diagnosticadas por expertos, si queremos mejores tarifas, es necesario implementarlas. No obstante, estos anuncios de intervención y el desorden institucional que estamos viviendo no le conviene a nadie, empezando por el mismo Gobierno”.
“Definir las tarifas por decreto puede ser popular, pero en el largo plazo aleja los recursos que se necesitan para promover más competencia e inversiones que es lo que necesitamos para que las tarifas se moderen”,
Alejandro Lucio.
De acuerdo con la economista María del Pilar López Uribe, “asumir las funciones de una comisión abre la puerta del control de precios con criterios sacados de la manga y sin soporte técnico”. A través de su cuenta de Twitter advirtió que las consecuencias serán escasez y reducción de la oferta del servicio. “Los usuarios terminaremos pagando el costo con el tiempo. Pésima idea”.
Según Lucio, “para tener mejores tarifas se necesita suficiencia. Todo bien escaso es costoso. La tarifa de energía pura viene incrementándose hace años porque seguimos soportados en el mismo parque generador hidrotérmico en manos de muy pocos”. Se requiere más oferta, comentó al agregar que “mejores tarifas requieren de nuevos proyectos operativos. Ahí debería estar el foco estatal”.
Meses atrás Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), le explicó a Bloomberg Línea que lo que más ha impulsando el precio de los servicios públicos en Colombia es que muchas tarifas suben de acuerdo a la inflación y el IPP, indicadores que han venido aumentando significativamente.
En palabras de Sánchez, hay que buscar cuál es el indicador óptimo para indexar en el aumento de las tarifas, pero es esencial que “no se vayan a tomar decisiones solo políticas, sino tener en cuenta las técnicas” para no perjudicar al sector.
Vale mencionar que los servicios públicos en Colombia son precios regulados que se rigen bajo fórmulas muy definidas. “En el caso de la electricidad la indexación de precios se hace por cuenta de una fórmula establecida en la que se tiene en cuenta la tasa de cambio y los precios en la bolsa de energía, y recientemente eso ha venido subiendo”, explicó meses atrás Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria.
Cabe recordar que las tarifas de servicios públicos en Colombia están a cargo de entidades como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (Cra) y la Superintendencia Servicios Públicos Domiciliarios. Estas se encargan de establecer el costo de las tarifas de los servicios públicos mediante cálculos y formulas técnicas.
