Bogotá — Una lluvia de críticas se ha presentado en el país desde que el presidente Gustavo Petro anunciara que aplicará las funciones de control y políticas generales de administración de servicios públicos que la Presidencia había delegado en las comisiones reguladoras.
Lo que lo permite, según el mandatario, el artículo 370 de la Constitución y el 68 de la ley 142 de 1994, y bajo la premisa de ser una medida de forma temporal y con el objetivo de defender a los usuarios.
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Uno de los primeros en reaccionar fue Andrés Barreto, experto comisionado de la Creg (Comisión Reguladora de Energía y Gas). A través de su cuenta de Twitter expresó que “fijar precios, decretar ingresos, intervenir servicios, unificar funciones y facultades, desconocer institucionalidad, nacionalizar y expropiar, todo ello es contrario a la constitución económica, atenta contra la competencia y prestación, afectando al consumidor y al usuario”.
Asimismo la economista María del Pilar López Uribe manifestó en la misma red social que “asumir la funciones de una comisión abre la puerta del control de precios con criterios sacados de la manga y sin soporte técnico”.
Y advierte además que las consecuencias serán escasez y reducción de la oferta del servicio. “Los usuarios terminaremos pagando el costo con el tiempo. Pésima idea”.
Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), también reaccionó. En entrevista con La W Radio dijo que la decisión del Presidente es un error histórico porque va a tomar acciones políticas por encima de las técnicas, y que un control de precios es un retroceso.
Frente a ese pronunciamiento, el jefe de Estado respondió en su cuenta de Twitter: “Cómo va a ser un error histórico asumir mis competencias constitucionales. La Constitución del 91 le entregó al Presidente la facultad de construir las políticas generales de los servicios públicos, y la ley estableció que el mayor derecho a proteger era el de las y los usuarios”.
Asimismo, el mandatario manifestó que el Gobierno Nacional propuso un pacto tarifario a los agentes del mercado que “fue burlado”.