Bloomberg Línea — La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la Ley de Compras Públicas que, según el oficialista Nuevas Ideas, reducirá la burocracia en los procesos de compras y adquisiciones hechas por el Estado, pero para la oposición, la misma permitirá al Estado disponer de compras en cualquier institución y hacer contrataciones directas en su nombre.
La nueva legislación, que consta de 193 artículos, sustituye a la Ley de Compras y Adquisiciones de la Administración Pública (LACAP), que según la diputada por Vamos, Claudia Ortiz, “le ha estorbado a esta administración, porque ha sido clara en prohibir que los funcionarios y los allegados al poder puedan servirse de los contratos públicos”.
Según la legisladora, con la Nueva Ley “se abre la puerta para todo tipo de contratos entregados a amigos, compadres y financistas”, pero diputados del oficialista dicen que la implementación de una nueva normativa surge de la necesidad de actualizar el marco jurídico que regula las adquisiciones y contrataciones de las instituciones públicas.
“Esta ley está en completa armonía con los procesos de modernización que se han ejecutado en diversas instituciones del Estado”, dijo la legisladora de Nuevas Ideas, Elisa Rosales. “Debemos entender que la transparencia y la lucha contra la corrupción no es sinónimo de burocracia o de procesos engorrosos que entorpecen las políticas públicas”.
De acuerdo con Rosales, la LACAP, creada hace 23 años en el gobierno de Francisco Flores, está desfasada.
Las disposiciones con la nueva ley
La nueva normativa regulará todas las actividades hechas por la administración pública para la adquisición y contratación de obras, bienes y servicios, durante la planificación, adjudicación, contratación, seguimiento y finalización.
Uno de los objetivos será de reestructurar y establecer nuevas disposiciones al régimen de la contratación administrativa, así como implementar el uso de tecnologías de la información y la comunicación para viabilizar la gestión operativa de las compras gubernamentales, así como herramientas que permitan establecer medidas de control y auditoría.
Otro fin constará de unificar las normas reguladoras de las compras dentro de los principios de transparencia y libre competencia, bajo licitaciones públicas.
De acuerdo con diputados oficialistas, esto se debe a que los contratos de las instituciones de la administración pública deben realizarse de manera clara, transparente, ágil y oportuna, con procedimientos idóneos y equitativos.
La ley establece la creación de la Dirección Nacional de Compras Públicas (DINAC), que fungirá como ente rector en cuanto a normativas. La institución se encargará de supervisar, acreditar y certificar los procesos de todas las instituciones.
También se creará un Sistema Nacional de Compras Públicas (SINAC) y las Unidades de Compras Institucionales (UCP) con las que llevará un monitoreo y seguimiento de toda las contrataciones públicas.
“Ahora, todos van a participar en el sistema de compras con igualdad de condiciones, ya no solo lo harán los grupos empresariales, sino también las microempresas y las mujeres”, dijo el diputado William Soriano, de Nuevas Ideas.
Rechazo a la nueva legislación
Para partidos opositores, la Ley de Compras Públicas que pidió el Ejecutivo que se aprobase en nueve días desde que ingresó oficialmente a la Asamblea Legislativa, representa un retroceso en transparencia y rendición de cuentas.
El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Rodrigo Ávila, dijo que la nueva Ley requería de un nivel mayor de discusión con sectores involucrados y que, de hecho, la LACAP puedo actualizarse.
También la diputada Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dijo que la Ley “legaliza un uso abusivo de figuras para las compras públicas, como la contratación directa y declaratorias de emergencia, con redacciones bien ambiguas que se van a prestar a cualquier aplicación desde la institucionalidad”.
La nueva ley entrará en vigencia 8 días después de su aprobación sin dejar espacio para formar a la gente sobre este tema y pese a que “no se tiene toda la normativa necesaria”, agregó Belloso.
