Bloomberg Línea — El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es el organismo encargado de seleccionar a las principales autoridades de control del país, a través de concursos de méritos o de ternas enviadas por el Ejecutivo, y sus facultades podrían cambiar tras la Consulta Popular.
Sin embargo, esta es una institución cuestionada en el país, debido a que se considera “hiperpresidencialista” y, además, se argumenta que su gasto presupuestal es alto y no fomenta la participación ciudadana.
En los doce años de existencia, según el gobierno de Guillermo Lasso, el Consejo ha tenido un costo de US$ 142 millones del presupuesto estatal, del cual el 96% se ocupó en gastos administrativos y no en participación.
Pregunta 5 de la Consulta Popular de Ecuador 2023
El CPCCS es una entidad pública que actualmente es elegida por sufragio universal.¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo?
Pregunta cinco
De ser aprobada esta pregunta, el Consejo de Participación Ciudadana ya no tendrá su facultad nominadora y de selección de 77 autoridades del país, regresando esta facultad a la Asamblea Nacional, como funcionaba hasta 2008.
Para Virgilio Hernández, exasambleísta constituyente, aprobar la pregunta “no va a resolver los problemas que tienen los ecuatorianos. La pregunta cinco es el centro de la consulta popular, por esta pregunta se convoca. Lo que se está buscando no es pasar la designación de altos funcionarios a la Asamblea, eso no es verdad. Los anexos dicen que la selección de candidatos se efectuará por comisiones técnicas de selección (...) No pasa a la Asamblea, esa comisión la manejan los integrantes de los poderes del Estado. Vuelve la negociación que es lo que se quería evitar”, explicó Ecuavisa.
El argumento del gobierno, al convocar esta pregunta, señala que el Consejo se integra por siete consejeros que toman con una mayoría de cuatro vocales, lo que lo convierte en “un órgano vulnerable y representa un riesgo para la institucionalidad del país”.
Si gana el sí en esta pregunta, el gobierno eliminaría cuatro numerales del artículo 208 de la Constitución, así como los artículos 209 y 210, que en la actualidad ordenan conformar las comisiones ciudadanas de selección, que son las encargadas de organizar los concursos de méritos.
Si se aprueba, tras los resultados habría dos acciones inmediatas desde el Ejecutivo: se declararán desiertos todos los concursos públicos que esté llevando a cabo el CPCCS para elegir autoridades y aquellas autoridades que no han sido reemplazadas por el CPCCS se “entenderán prorrogadas hasta que sean reemplazadas” con la implementación de los nuevos mecanismos.
En los siguientes 180 días de aprobada, el Gobierno nacional deberá presentar el paquete de reformas a la Asamblea Nacional y la legislatura contará con 365 días, desde el día de los resultados, para aprobar las reformas.
“El CPCCS no aporta al país, ha sido una caja de resonancia del Gobierno, donde la participación ciudadana no se dio y se nombraron a dedo autoridades de control al 100%. Esta situación en la que estamos viviendo, que todos dicen que debe desaparecer, pero que todo lo quieren controlar. Esto tiene que cambiar y regresar a la Asamblea Nacional”, fueron las palabras de César Rohón, exasambleísta constituyente a Ecuavisa, al mostrarse a favor de la aprobación de la pregunta.
¿Cuál será el nuevo mecanismo para elegir autoridades en Ecuador?
Los anexos incluidos por el gobierno de Lasso en el decreto que convocó la consulta popular, establecen que el país contará con diferentes maneras para designar autoridades de control. De acuerdo con los anexos, habrá dos formas para designar a las autoridades de control: ternas y postulación ciudadana, que estarán a cargo de las denominadas comisiones técnicas, conformadas por asambleístas nacionales.
Los procesos de selección darán inicio cuando el presidente de la Asamblea Nacional publique las convocatorias y disponga la conformación de veedurías ciudadanas, que estarán a cargo del CPCCS.
El Consejo de Participación Ciudadana fue destituido
La Corte Constitucional destituyó el pasado 23 de enero a los siete integrantes del Consejo de Participación y Control Social (CPCCS) por incumplimiento “deliberado y sistemático” de una sentencia emitida por la Corte en septiembre de 2022, en la que se ordenaba designar al presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura en un tiempo establecido.
En su decisión, la Corte establece que cuatro consejeros presentes en las sesiones (incluido el presidente, Hernán Ulloa) actuaron “de forma deliberada y sistemática obstruyendo el proceso para designar al presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura, a través de la descalificación arbitraria de la tercera terna y utilizando una reforma reglamentaria para evitar arribar a una elección en la tramitación de la cuarta terna”.
Lo anterior demuestra “su incidencia directa en la falta de elección de la o el titular del Consejo de la Judicatura”.
Mientras que los otros tres consejeros que no acudieron a las sesiones del pleno para designar al titular de la Judicatura “evadieron su responsabilidad de participar en el proceso de selección y designación de manera sistemática, permitiendo con sus ausencias que dos ternas sean indebidamente desechadas”.
