Bloomberg Línea — El plazo de 180 días establecido en el fallo del Tribunal Constitucional del Perú (TC) para que se ponga fin al ‘muro de la vergüenza’ en el distrito de La Molina ya está corriendo, en medio de voces a favor y en contra sobre una división de clases sociales que comenzó a construirse en la década de las 80 y se concretó desde 2011.
El muro divide exactamente a La Molina de Villa María del Triunfo, la construcción más reciente, que tuvo como principal argumento la protección de un área natural de la provincia de Lima de las invasiones de terrenos, mientras que la construcción antigua tenía el pretexto de proteger a La Molina del accionar de la guerrilla Sendero Luminoso.
“Hemos tomado una decisión unánime, que el muro que divide La Molina [distrito acomodado] con Villa María del Triunfo [distrito popular] tiene que ser derribado en un plazo breve (...) Es un muro discriminatorio”, declaró el magistrado Gustavo Gutiérrez en una entrevista con radio RPP.
El muro, que tiene una extensión de 10 kilómetros y que en algunos puntos tiene entre dos y tres metros de alto, y que se rodea de alambres de púa, será demolido por afectar el derecho al libre tránsito, la igualdad y la no discriminación de los habitantes de Villa María del Triunfo.
Sin embargo, la demolición total de los 10 kilómetros podría estar en duda, pues el habeas corpus presentado al Tribunal solo abarcaba la parte del muro que separa a La Molina, mientras que la otra parte (entre los distritos de San Juan de Miraflores y Surco) no estaría contemplada. En estos últimos sectores hay casas valoradas en US$ 5 millones cada uno, en la urbanización exclusiva de Las Casuarinas.
Los retos sociales, políticos y culturales de Lima si deja de existir el muro
“A partir de ahora, será mucho más difícil que se construyan rejas o muros que separen urbanizaciones bajo el argumento de la inseguridad o la invasión de tierras; y los vecinos que se sientan afectados por su existencia tendrán argumentos más sólidos para demandar su demolición”, comentó a Bloomberg Línea el arquitecto urbanista y cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas, Aldo Facho Dede.
Para el arquitecto urbanista, el principal reto de la Municipalidad Metropolitana de Lima es el de liderar un proyecto de integración social y transformación de los espacios que quedarán tras la demolición del muro, “en lugares de unión y construcción ciudadana”.
Sin embargo, explica que las razones por las que en su momento se construyó el muro siguen estando presentes en Lima y en el país, y para las cuales el fallo del TC no genera ningún tipo de solución:
- La creciente inseguridad, que es la principal preocupación de las personas.
- La ausencia de una solución para la enorme demanda de vivienda de los segmentos informales y vulnerables.
- La muy limitada capacidad de las municipalidades para proteger el suelo eriazo (bien raíz con destino no agrícola en el que no existen edificaciones) o de protección natural de las invasiones.
“Como estos tres problemas no han sido abordados, la demanda de los vecinos que se sienten amenazados seguirá latente, y ello generará un mayor conflicto entre las comunidades colindantes”, precisa, al señalar que convertir el ‘muro de la vergüenza’ en un gran parte, con equipamientos y servicios para todos los vecinos, en especial los más vulnerables, sería la solución “más potente”.
Cifras de la ONG Ciudad Nuestras señalan que San Juan de Miraflores, distrito de Pamplona alta, es el segundo más inseguro de Lima, mientras que Surco, en el distrito de Las Casuarinas, tiene la cuarta mejor posición en un ránking de seguridad.
La oposición de algunas autoridades locales
El fallo del TC se conoció a finales de diciembre de 2022, pero su publicación oficial se hizo el 6 de enero de 2023, fecha en la que comenzó, en firme, a correr el plazo para que la municipalidad de La Molina ejecute la demolición del ‘muro de la vergüenza’. Ese plazo finalizaría la primera semana de julio.
Pese a la disposición, el alcalde de La Molina, Diego Uceda, se ha opuesto al fallo y ha mencionado en diferentes entrevistas la posibilidad de recurrir a escenarios e instancias internacionales para que este sea anulado.
“Una sentencia del TC no se puede apelar, pero sí se puede ir a instancias internacionales. Hay una estrategia para pedir ampliaciones y estrategias legales”, señaló.
Las principales preocupaciones para la construcción del muro fueron la inseguridad y la protección de los terrenos de la expansión de las invasiones, una acción en la que se quiere sacar provecho ilícito de los territorios, aunque no se realicen allí actividades ilegales. De este modo crecieron urbanizaciones jóvenes conocidas como ‘villas miseria’, que no tienen planificación ni permisos, ni tampoco agua y luz.
“Estamos defendiendo un parque ecológico, que delimita con Villa María del Triunfo, que tiene más de 200 hectáreas y que va a ser el pulmón verde que Lima necesita. Lo venimos trabajando desde la gestión del alcalde Paz de la Barra, quien inauguró más de 20 hectáreas y pensamos hacer 50 hectáreas más”, sostuvo Uceda en medio.
En la contraparte está el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que a inicios de enero, cuando se publicó el fallo del TC, dijo en una conferencia de prensa que este debía respetarse, aunque también respetaba “las competencias municipales”.
“Si el alcalde de La Molina quiere tener una aclaración de fallo mediante el TC, porque no puede variar el fallo, pero quiere una aclaración, está en todo su derecho”, añadió.
Ante las opiniones divididas de los alcaldes distritales o provinciales, el urbanista Facho Dede señaló a Bloomberg Línea que más que cambios cree que el fallo del TC “nos ofrece una valiosa oportunidad para derribar los prejuiciosos muros de la desconfianza que hoy dividen nuestra ciudad, y construir espacios públicos de hermandad, donde podamos encontrarnos en igualdad y diversidad. Para ello se necesita un claro liderazgo de los alcaldes provinciales (metropolitano en el caso de Lima) hacia los alcaldes distritales, para alinear los intereses de las comunidades y concordar las estrategias orientadas a conectarlas”.
La sentencia también insta al Congreso de la República a aprobar leyes conducentes a combatir la usurpación y el tráfico de terrenos, así como a las demás municipalidades les pide tomar acciones para evitar que se construyan o mantengan muros divisorios entre distritos.
