Bogotá — Un contrato entre la influenciadora Laura Beltrán (Lalis) con el Estado colombiano para prestar asesorías para la creación de estrategias digitales para las redes sociales de la entidad Colombia Compra Eficiente generó polémica ante las denuncias de ciertos sectores políticos de supuesta falta de transparencia y claridad por la visibilidad que ella tiene como activista independiente.
Debido a la polémica, Compra Eficiente señaló que la contratista Laura Beltrán no es la imagen oficial de la entidad y que su rol se centró específicamente en asesorarla en esos asuntos digitales.
Lalis es una periodista e influenciadora que tiene más de 292.000 seguidores en Twitter y 188.000 suscriptores en YouTube, que ha ganado popularidad en redes por sus contenidos políticos, muchos de estos afines al Gobierno.
“Durante los meses de noviembre y diciembre, una de sus líneas de trabajo se centró en el diseño de la narrativa e imagen de las redes sociales de la ANCP-CCE, en la que se incluyó la apertura de la cuenta en la red social Tik Tok, y que se empezará a implementar en 2023 con el fin de posicionar las nuevas apuestas de la agencia”, indicó la entidad.
Por su parte, la influenciadora manifestó que su contrato incluía ocho obligaciones y que debía presentar soportes de que el trabajo efectivamente se estuviera haciendo. Señaló que su contrato está por $51 millones a once meses, es decir, alrededor de $4,6 millones al mes. “De los cuales a mí, por ser contratista, me toca pagar salud, pensiones, ARL (…) pago $570.000″.
¿Qué antecedentes hay al respecto?
A propósito de esta polémica, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió en 2020 una guía de buenas prácticas en la publicidad a través de influenciadores.
En esta ofrece recomendaciones para identificar cuándo hay una relación comercial con un anunciante, por medio, por ejemplo, de un hashtag.
Asimismo, recomienda que se le exija al anunciante o a la agencia que contrata sus servicios que “le indique cuáles son los lineamientos para identificar plenamente el mensaje como publicidad”.
Además, insta a abstenerse de realizar publicidad cuando “el anunciante le sugiera ocultar la naturaleza comercial del mensaje” y de “hacer pasar un mensaje publicitario como uno natural y espontáneo que surge de su experiencia”.
Fuentes de la entidad consultadas por Bloomberg Línea, indican que al tratarse de una guía de buenas prácticas no se obliga al influenciador a que cumpla con esas recomendaciones y que lo que se busca es generar transparencia en esta creciente industria.
Manifestaron además que el objetivo es evitar problemas futuros ante casos de influenciadores que ya han sido sancionados por recomendar productos o servicios que no son avalados en Colombia, aunque no se refirieron a antecedentes de creadores de contenido que impulsan campañas con entidades públicas.
¿Hay limitaciones para contratar con el Estado?
Desde Compra Eficiente manifestaron a este medio que no hay un lineamiento específico al respecto y que la idea al contratar es que el perfil cumpla con la necesidad de la entidad y certifique su idoneidad, sus estudios y certificaciones laborales.
Explicaron que en los estudios técnicos se define el perfil de acuerdo a lo que la entidad requiera y que es esta la que marca los requisitos que se necesitan para el cargo. En este caso, por ejemplo, se exigía que fuera profesional en el área de Comunicaciones.
Frente al contrato con la influenciadora, la entidad indicó en un comunicado que “la información correspondiente a la ejecución de actividades de la contratista se encuentra publicada de acuerdo con los lineamientos normativos en la plataforma SECOP II”.
Apuntó que “las redes personales de la contratista Laura Beltrán son autónomas e independientes de las de la Agencia Nacional de Contratación Pública, y todas las opiniones allí expresadas son personales”.
Gremio de los influenciadores: “un activista pago no es un activista, es un mercader”
En una entrevista con Bloomberg Línea, el presidente ejecutivo de Latin American Influencer Council (Laick), Roberto Rave, se mostró crítico frente a los casos de participación de creadores de contenido en política cuando no dejan claros que existen compromisos económicos y vínculos laborales de algún tipo, según dijo.
“Los influenciadores, al igual que todos los ciudadanos, tienen derecho a la libre expresión, tienen derecho a opinar sobre temas ideológicos, visiones de país, visiones políticas (…). Lo problemático es que un activista pago no es un activista, es un mercader”, indicó.
Defendió que “los creadores de contenido pagos por políticos tienen que poner, al igual que lo hacen los canales de TV en las propagandas, el hashtag de que es una publicidad política pagada”.
“Todos tienen derecho a la libre expresión, pero cuando la libre expresión se convierte en un asunto pagado no es libre expresión, ni es un activista, simplemente está intercambiando un servicio”, afirmó.
Por lo anterior, instó a no generalizar el comportamiento de ciertos creadores de contenido y dijo que desde la agremiación de influenciadores están construyendo un manual de transparencia para contribuir a estas discusiones en el país.
“Si están intercambiando pautas (los influenciadores) por contratos con el Gobierno yo creo que allí hay una línea en temas de corrupción difícil de juzgar y que deben ser las instancias legales las que deben hacer ese juicio puntual”, señaló.
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