QUITO — Si bien la reducción del desempleo y del subempleo en diciembre pasado es una buena noticia para el país, el aumento significativo de la informalidad es preocupante. Según los últimos datos del INEC presentados este martes, del total de personas que cuentan con empleo, 42,6% corresponden al sector formal, mientras que 53,4% al sector informal.
El empleo en el sector informal se define operativamente como el conjunto de personas que trabajan en unidades productivas de menos de 100 trabajadores que no tienen Registro Único de Contribuyentes (RUC). Mientras que el empleo en el sector formal se define como las personas que trabajan en establecimientos que tienen RUC.
En noviembre de 2022, la tasa de informalidad era de 51,2%, es decir, en un mes subió 2,2 puntos porcentuales. Además, la informalidad es más severa en la ruralidad, donde 75,6% de trabajadores viven en esta condición, mientras que en las ciudades esa tasa asciende a 41,2%.
Esto tiene concordancia con que el 48,2% de trabajadores informales se dedique a la agricultura que se desarrolla en el campo, seguido de 23,6% a servicios, 14,5% al comercio, 7% a la manufactura y 6,7% a la construcción.
La mayoría de trabajadores formales tiene educación básica
Por etnias, la mayoría de personas informales son mestizas, con 70,9%, seguidas de las indígenas, con 19,6%. Respecto a la edad, los trabajadores entre 45 y 64 años representan el 32,5%, seguido del grupo de 35 a 44 años (19,7%) y de 25 a 34 años (18,5%).
Otro dato relevante es que 53,3% de los trabajadores informales tienen únicamente educación básica, mientras el 33,5% cuenta con bachillerato y 8% con educación superior. Asimismo, los datos muestran que 86% de los trabajadores informales no cuenta con cobertura de seguridad social.
¿Qué se califica como informal?
La Organización Internacional del Trabajo define al sector informal como un conjunto de unidades que producen bienes o servicios principalmente con la finalidad de crear empleos e ingresos para las personas involucradas. Estas unidades, que tienen un bajo nivel de organización, operan a pequeña escala y de manera específica, con poca o ninguna división entre el trabajo y el capital como factores de producción.
Además, las relaciones de empleo - cuando existen – “se basan sobre todo en el empleo ocasional, los parentescos o las relaciones personales y sociales más que en acuerdos contractuales que implican garantías en buena y debida forma”. Se las define como empresas de hogares, es decir, “como empresas que pertenecen a los hogares y que no están constituidas en sociedad”.
Se considera que los asalariados tienen un empleo informal si su relación de trabajo no está sujeta a la legislación laboral nacional, el impuesto sobre la renta, la protección social o determinadas prestaciones relacionadas con el empleo.
Es decir, quienes trabajan en este régimen no cuentan, por ejemplo, con seguridad social ni ningún respaldo normativo que les asegure beneficios de ley.
Pero el empleo en el sector informal se puede entender desde dos visiones:
- La visión legal, que considera a la informalidad como una actividad marginal e ilegal.
- La visión económica que reconoce que existe incapacidad de generar suficientes plazas formales de empleo.
¿Por qué es perjudicial el empleo informal?
En su estudio Análisis del sector informal y discusiones sobre la regulación del trabajo en plataformas digitales en el Ecuador, la Cepal explica que a pesar de que la informalidad podría permitir la generación de ingresos en los trabajadores, también invisibiliza el reconocimiento de los derechos laborales.
Además que los trabajadores informales generalmente no cuentan con la protección social necesaria frente a los diversos riesgos como: accidentes laborales, seguro de desempleo, pobreza en la vejez, entre otros.
Asimismo, estos empleados pierden beneficios tales como licencias de maternidad y paternidad, vacaciones obligatorias y por enfermedad, etc. “La informalidad también representa un costo para el Estado, ya que deja de percibir ingresos tributarios (impuestos, contribución social, entre otros) que podrían utilizarse para mayor cobertura de la seguridad social, la productividad y el crecimiento en el país”.
Disparadores de la informalidad
La propia Cepal detalla los que han sido los disparadores de la economía informal en el Ecuador. Entre los principales se encuentra el ajuste fiscal del Estado, que ha derivado en mayor austeridad interna y, por lo tanto, en desvinculaciones de funcionarios públicos.
Otra de las explicaciones es la migración, sobre todo la del campo a la ciudad, pero también la migración venezolana que “implica un impacto significativo para el mercado laboral en la región”. El mismo estudio menciona que entre los ciudadanos venezolanos que han ingresado al Ecuador existe un gran número de jóvenes con un alto nivel educativo que tienen dificultad para insertarse en el mercado laboral ecuatoriano debido a las altas tasas de desempleo, subempleo y posible explotación laboral.
El tercer disparador es la rigidez de la normativa. Entre 2008 y 2011 se incrementó la rigidez laboral en el Ecuador debido a las reformas al Código de Trabajo. En el 2008, la Asamblea Constituyente prohibió todo tipo de contratación laboral “precaria”, definiendo como tal a la tercerización, la intermediación y la contratación por horas.
Varios grupos empresariales han manifestado que la eliminación del trabajo de horas ha sido perjudicial para sus sectores y que las modalidades de contrato que existen actualmente no se ajustan a sus necesidades. Esto ha generado desincentivos para la contratación de trabajadores en el sector formal dado que resulta costoso para los empleadores.
Y aunque se han flexibilizado algunas normas, la mayoría siguen siendo rígidas.
