Ciudad de Panamá — Un proyecto de ley de extinción de dominio, que pretende recuperar bienes y dineros ilícitos producto del narcotráfico, divide a las autoridades del gobierno de Laurentino Cortizo Cohen con los diputados de la Asamblea Nacional, quienes proponen más garantías para discutir el tema.
Juan Pino, ministro de Seguridad Pública, insistió en que esta es una ley de jurisdicción especial que debilitaría el músculo financiero y la capacidad operativa de los grupos criminales.
Por su parte, Crispiano Adames, presidente de la Asamblea Nacional y miembro del gobernante Partido Revolucionario Democrático, se decanta por una ley “sin apuros”, que no vulnere los derechos del libre proceso de los ciudadanos y que tenga un criterio amplio.
“El proyecto de ley presentado por el Ministerio de Seguridad no recoge las garantías de defensa de protección de ningún ciudadano, ni organización de este país”, aseguró Adames, quien agregó que la creación de una ley de esta naturaleza es un reto no solo exclusivo de políticos, sino también de la clase económica, gremios y asociaciones múltiples.
El ministro Pino replicó que el proyecto de ley de extinción de dominio no será retirado de la Asamblea Nacional, toda vez que tiene todo el apoyo de la administración de Cortizo Cohen, “y debe ser discutido”.
Declaró que en estos momentos han hecho acercamientos y mantienen conversaciones con los diputados para garantizar que se avance en la aprobación del proyecto.
Anteriormente, Adames había solicitado a Pino el retiro del proyecto, alegando que “no se ajusta a las competencias legales que como país democrático hemos desarrollado”, en tanto que el diputado Tito Rodríguez argumentó en su momento que si se tienen que modificar 60 artículos de los 94 que contiene este proyecto de ley, lo mejor es devolverlo al Ejecutivo y redactar un nuevo texto.
Mientras la polémica continúa, la Asamblea Nacional invitó a un conversatorio sobre el tema a la abogada colombiana, Sondra Macollins Pinto, quien señaló que la extinción de dominio va más allá de la confiscación de bienes y los que más sufren son los terceros de buena fe.
Afirmó que para la aplicación de esta ley hay que tener cuidado con la imprescriptibilidad, además de garantizar el cumplimiento de los términos judiciales, definir la administración de bienes, generar seguridad jurídica y garantizar recursos para su implementación.
Esto, añadió, es un asedio real sobre los bienes en donde el Estado tendrá que crear todo un sistema de técnicos, fiscales, investigadores judiciales y otros, con un presupuesto inmenso que se debe prever.
Durante su intervención, detalló que en América Latina Colombia fue el primer país que en 1996 implementó una ley de extinción de dominio, seguido de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Perú, Argentina y Ecuador, que acaba de sancionarla en el 2021.
En el caso de Colombia, dijo que en 27 años de estar dicha ley vigente, todavía no hay sentencias en firme, aunque sí mucho dinero por pagar, debido a las demandas que se tienen.
Ante diversos señalamientos desde la Asamblea Nacional, el ministro de Seguridad Pública aclaró que el proyecto de extinción de dominio “no está escrito en piedra, sentémonos y discutamos, vayamos a un consenso para la aprobación de esta ley”.
Por su parte, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) indicó que es importante se dé el debate de este proyecto, “considerando sus pros y contras, a fin de que discutamos la necesidad de una ley en esta materia, y podamos seguir avanzando en el combate a la corrupción y la delincuencia organizada”.
La Jurisdicción de Extinción de Dominio es una de las herramientas utilizada internacionalmente para bloquear el acceso de organizaciones criminales para financiar el delito en los países; al tiempo que, el dinero incautado podría ser destinado para el resarcimiento de las víctimas, recordó la cámara.
“Como gremio consciente de las realidades de nuestro país, no pedimos una sanción ciega de este Proyecto de Ley, pero si el análisis, discusión y modificación del documento actual con el fin de contar con un instrumento legal, ajustado a las realidades panameñas, que logre el fin último de ponerle una nueva cortapisa a la corrupción y el crimen organizado”, precisó Marcela Galindo De Obarrio, presidente CCIAP