Bogotá — El país todavía está a la espera de la decisión que tome el Gobierno Petro frente al futuro de la exploración y la explotación de hidrocarburos. Hoy la USO (Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo), sindicato de Ecopetrol y la organización de esta índole más grande de Colombia con 25.000 empleados afiliados, hace un llamado al Ejecutivo para que se le dé luz verde a este asunto, crucial para la economía nacional y para las operaciones de la petrolera.
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“Consideramos como sindicato que es importante avanzar en la transición energética, pero es necesario garantizar la soberanía y la seguridad energética y para eso se debe seguir explorando, perforando, sacando petróleo y buscando gas porque tenemos crudo para ocho años y gas para 10 años. Y si el país se convierte en importador de crudo y gas eso sería una hecatombe para la economía”, dijo en entrevista con Bloomberg Línea, el nuevo presidente de la USO, César Loza.
Frente a esa transición energética, indicó que debe ser justa e incluyente, haciendo referencia a que en el desarrollo, implementación y operación de energías alternativas, se debe tener en cuenta el impacto a las comunidades y que los trabajadores que estén vinculados a esos procesos sean remunerados como corresponde, además que exista retribución social en las zonas donde se desarrollan dichos proyectos.
Adicional a eso, la Unión considera fundamental abrir un debate de cara al país y en el que participen la industria, el sector privado y el mismo Gobierno para ”buscar el desarrollo de las economías alternativas en las zonas petroleras, porque creemos que hay una deuda histórica de la industria petrolera colombiana con los territorios”.
Y entregó un ejemplo al respecto: la industria petrolera en el país tiene más de un siglo, en Barrancabermeja y en las zonas de influencia se han aportado aproximadamente 2.500 billones de barriles de producción. Sin embargo, manifestó que en estas zonas el desarrollo social no es coherente con ese aporte a la riqueza del país, muestra de ello es que en esa área no hay siquiera un hospital de cuarto o quinto nivel.
“Entonces consideramos que en este gobierno progresista, que tiene un corte social que incluye a las comunidades y la participación de todos los actores, se debe plantear esta situación”, enfatizó Loza.
Las solicitudes del sindicato
En febrero arrancará la negociación de la Convención Colectiva del Trabajo entre Ecopetrol y la USO. El último de estos procesos fue hace cuatro años y en este 2023 cobra relevancia debido a que en 100 años de operación que cumple el sindicato, no había contado con un gobierno aliado. “A esta empresa hay que defenderla, Ecopetrol le hace aportes significativos a la economía nacional: se estima que las utilidades arrojadas en 2022 van a ser de entre $30 y $32 billones, de los cuales la Nación recibirá $18 billones al ser la mayor accionista, recursos superiores a los que arroja incluso una reforma tributaria”.
Uno de los puntos que van a solicitar, según comentó el dirigente Loza, es la formalización del empleo en la industria y que las actividades misionales que adelanta hoy Ecopetrol con empresas tercerizadas se realicen de forma directa, en línea con lo que ha dicho el Ejecutivo desde el Ministerio del Trabajo.
Asimismo, ajustes en las partidas económicas, que haya movilidad salarial, que se trabaje conjuntamente en una propuesta de transición energética y que se fortalezca cada una de las líneas de negocio que tiene la petrolera (exploración, producción, refinación, transporte y comercialización).
Al preguntarle si apoyan o no la continuidad del actual presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, el presidente de la USO destacó que la empresa “ha mostrado resultados interesantes para el país, pero por supuesto nosotros respaldamos las decisiones que tome el Ejecutivo en materia de designar responsabilidades al frente de la compañía. Sí cuestionamos algunos aspectos de la política: se siguen tercerizando actividades, se siguen dando despidos de forma selectiva. Ese tipo de comportamientos no se pueden seguir desarrollando cuando el mayor controlante es el Estado y hoy hay un gobierno progresista”.
El dirigente sindical concluyó que dentro de los temas prioritarios también está el fortalecimiento del sindicalismo. “En Colombia en promedio la clase trabajadora está sindicalizada en un 5%, en la industria en un 15%, y nos hemos propuesto como meta que la tasa de sindicalización llegue por lo menos a 35% - 40%”.
