Bogotá — Con el cambio de gobierno que ocurre cada cuatro años en Colombia, se avecinan también movidas en la estructura organizacional de las empresas que cuentan con participación del Estado. Sin embargo, en medio de esa dinámica, surgen dudas frente al tipo de contrato que tienen los directivos de estas entidades y por ende si les aplica o no la figura de indemnización o el derecho a algún otro pago al dejar sus cargos.
Por ello, Bloomberg Línea revela cuál es el vínculo laboral que tienen y cuál es su alcance. Lo primero que hay que decir es que no hay un parámetro general, sino que depende de las condiciones específicas establecidas en cada una de las empresas.
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Para el caso de Ecopetrol, que hoy es presidida por el ingeniero mecánico Felipe Bayón, quien asumió el cargo en septiembre de 2017, y según información de la petrolera, “el presidente tiene contrato de trabajo a término indefinido. Según sea el modo de terminación del contrato laboral, se generarían los efectos establecidos en la legislación laboral”.
Recordemos que la participación que tiene el Estado en esta compañía es de 88,49%.
Hablamos ahora de Empresas Públicas de Medellín (EPM), empresa industrial y comercial del Estado, y cuyo gerente desde abril de 2021 es el ingeniero civil y ambiental Jorge Andrés Carrillo. Para este caso, el gerente es un funcionario público de libre nombramiento y remoción por parte de la Alcaldía de Medellín y a través de un decreto. Tiene una relación legal y reglamentaria y su salario y prestaciones los determina la ley. Además, según confirmó Bloomberg Línea, no tiene derecho a indemnización.
Recordemos que según Función Pública, “de libre nombramiento y remoción se traduce en que la persona que ha de ocupar un empleo de tal naturaleza, puede ser nombrada y también desvinculada por quien tiene la facultad de hacerlo. Es decir, el órgano o persona a quien corresponda, puede disponer libremente del cargo confirmando o removiendo a su titular, mediante el ejercicio exclusivo de la facultad discrecional que, entre otras cosas, se justifica precisamente porque en virtud de las funciones que le son propias al cargo se toman las decisiones de mayor trascendencia para la entidad o la empresa de que se trate”.
En cuanto al Grupo de Energía de Bogotá (GEB), multilatina con operaciones de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y transporte y distribución de gas natural en Colombia, Perú, Brasil y Guatemala, el contrato del presidente del Grupo es indefinido y tampoco tiene derecho a indemnización.
Actualmente el Grupo es presidido por Juan Ricardo Ortega, quien ocupa el cargo desde julio de 2020.
Vale mencionar que, según confirmó Bloomberg Línea, la duración de ese contrato cambió. La anterior presidenta del GEB, Astrid Álvarez, terminó el ejercicio de su cargo con un contrato a término fijo, por lo que se fue de la entidad con el pago de una indemnización.
Interconexión Eléctrica S.A es otra de estas entidades. Ecopetrol tiene 51,41% de participación en ella y EPM 8,82%. Sin embargo, al hacerle la consulta a esta compañía le indicaron a Bloomberg Línea que “la información es personal y privada. ISA, como administración de esa información, debe garantizar su reserva. Es un tema de hábeas data”.
El caso Bancóldex
El Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A., más conocido como Bancóldex, es una sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito bancario, vinculada al Ministerio de Hacienda y vigilada por la Superintendencia Financiera. Desde febrero de 2019 la entidad es presidida por Javier Díaz Fajardo.
Según fuentes de la entidad, el contrato que tiene el presidente del Banco es a término fijo, por un periodo de tres años y con posibilidad de renovación. Este fue el caso del actual presidente: el anterior gobierno renovó su contrato en enero de 2022.
Este vínculo trae una condición importante y es que en caso, por ejemplo, de que el Gobierno Petro decida nombrar a otra persona en ese cargo, y teniendo en cuenta que se habla de un término fijo, habría que igual pagarle al actual presidente el tiempo restante que le quede para cumplir los tres años por los que se hizo la renovación.
