Bloomberg — Los inversionistas chilenos suspiraron aliviados cuando los votantes rechazaron el año pasado la propuesta para una nueva Constitución. Sin embargo, dos expertos legales chilenos advierten que el nuevo proceso de escritura de una Constitución, lanzado recientemente, no estará exento de riesgos, luchas intestinas y demostraciones de poder.
La nueva versión será redactada inicialmente por un comité de expertos y luego discutida y aprobada por un Consejo Constitucional electo. Esto podría originar luchas de poder entre los dos órganos, dijeron Gastón Gómez y Francisco Zúñiga, profesores de derecho de la Universidad de Chile que han asesorado a presidentes y partidos políticos.
“El éxito no está garantizado bajo ningún aspecto”, dijo Gómez. “Los problemas pueden estar muy cerca y ser muy agudos”.
Eso significa que el repunte de los bonos y el peso a finales del año pasado tras el plebiscito de septiembre puede resultar prematuro, al menos en parte. Si bien es poco probable que la nueva Carta incluya los artículos radicales del primer borrador —como la autonomía regional de los grupos indígenas—, resultará polémica. Es más, los chilenos ya han rechazado dos constituciones en plebiscitos —la actual que se redactó en 1980 y la del año pasado— perfectamente podrían rechazar una tercera.
Está en juego el repunte del 19% registrado por el peso en los últimos tres meses, el mejor desempeño entre 23 monedas de mercados emergentes seguidas por Bloomberg.
El comité de expertos será elegido por el Congreso y puede estar integrado por operadores políticos en lugar de las mentes más brillantes del país, dijeron Zúñiga y Gómez en una entrevista de mesa redonda en la oficina de Bloomberg en Santiago. Luego podrían chocar con el Consejo Constitucional que se hará cargo del proceso a partir de junio.
“A pesar del amplio acuerdo, este pacto tiene riesgos, como el riesgo elitista y cómo lo perciba la opinión pública”, dijo Zúñiga.
El diseño del proceso constituyente ya genera escepticismo. Cerca del 51% de los chilenos apoya la nueva estructura de miembros electos y expertos, mientras que el 46% la rechaza, según una encuesta de Cadem realizada en diciembre.
“Bordes” de la Constitución
Los inversionistas encontrarán cierta tranquilidad en los principios rectores establecidos en el acuerdo que los legisladores alcanzaron en diciembre para relanzar el proceso constitucional, dijeron tanto Gómez como Zúñiga. Esos ideales —que incluyen el respeto por la propiedad privada, la autonomía del banco central y un Congreso bicameral— serán obligatorios en la nueva propuesta de Constitución.
A diferencia del intento anterior —que eliminaba el Senado y hacía revocables los derechos de agua— estas directrices despejan el camino para un equilibrio entre una “economía social de mercado” y un “Estado democrático y social de derecho”, según Gómez.
“No habrá cambios relevantes en materia de propiedad. Lo que sí creo que habrá es una cláusula sobre royalties para financiar gasto público, de acuerdo con la explotación de recursos públicos de propiedad del Estado”, dijo Zúñiga.
Al mismo tiempo, Gómez y Zúñiga advirtieron que los principios rectores siguen siendo amplios y abiertos a múltiples interpretaciones.
La reescritura de la Constitución también es una oportunidad para mejorar el sistema presidencial e implementar umbrales más estrictos para la representación en el Congreso, dijeron.
“Tenemos un nivel de fraccionamiento en el Congreso, que impide a cualquier Gobierno o coalición funcionar”, dijo Gómez. “El presidente tiene que poner de acuerdo a más de 15 partidos para poder avanzar con su programa. Y no tiene mayoría. Esas deficiencias del sistema político tienen consecuencias prácticas graves para el país”.
Cualquier sorpresa o tensión durante el proceso podría pillar a los mercados con la guardia baja, ya que las preocupaciones políticas han ido disminuyendo a los ojos de los inversionistas chilenos. En noviembre, por primera vez desde que comenzó la encuesta mensual de renta fija de Chile de Bloomberg en abril de 2021, ningún analista mencionó la política como una fuerza catalizadora detrás de los movimientos de los bonos.
La última encuesta muestra que los operadores están prestando más atención a otros factores, como las reformas propuestas por el presidente Gabriel Boric y un posible debate sobre los nuevos retiros de pensiones, en lugar del nuevo proceso constitucional.
Los esfuerzos para reemplazar la Carta Magna actual, que data de la dictadura de Augusto Pinochet, surgieron en respuesta a los disturbios sociales de 2019.
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