Bloomberg Línea — La Consulta Popular impulsada el gobierno de Guillermo Lasso será votada por los ciudadanos el próximo 5 de febrero, misma fecha en la que se celebran las elecciones seccionales.
El segundo interrogante planteado en el referéndum es el siguiente:
¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo?
Segunda pregunta
Esto teniendo en cuenta que en la actualidad es el Consejo Nacional de la Judicatura del Ecuador el encargado de seleccionar, evaluar, ascender, capacitar y sancionar a los fiscales del país, pero si se aprueba dicha pregunta, sería un Consejo Fiscal el encargado de realizar estos procesos.
“Ya no me supervigila disciplinariamente ni en la estructuración de mi organismo un consejo pluriconformado, sino que es un consejo totalmente designado por el titular de la Fiscalía General del Estado”, dijo Nino Casanello a Teleamazonas.
Junto a esto, los expertos aseguran que la pregunta solo se refiere a una autonomía administrativa, pero no una autonomía financiera.
El gobierno plantea que con la aprobación de esta pregunta busca modificar el artículo 181 de la Constitución, relativo a las funciones del Consejo de la Judicatura, y agregar un artículo innumerado después del 194.
El nuevo Consejo Fiscal que se conformaría tras la aprobación y respectiva regulación, estaría conformado por siete miembros designados por el fiscal general del Estado. Estas personas deberán ser escogidas por fuera de la Función Judicial.
Si la pregunta obtiene una mayoría por el ‘sí’, se declararán desiertos todos los procesos de selección, evaluación o promoción de fiscales que están en curso, pero los procesos disciplinarios sí continuarán.
Junto a esto se precisa que en los últimos nueve años la Judicatura no ha realizado nueva selección de postulantes para la carrera fiscal. Datos de este mismo órgano precisan que en el país hay un déficit de 602 fiscales.
“Que la Fiscalía sea autónoma y que haya más fiscales capacitados que puedan proteger a las víctimas y que puedan investigar los casos de corrupción”, dijo la asesora jurídica de la Presidencia de la República, Karen Sichel, a Ecuavisa.
Implementar el alcance de esta pregunta, si es aprobada, podría tardar más de un año, pues la Fiscalía General contará con un plazo de 90 días para presentar el proyecto de ley en la Asamblea Nacional y esta contará con hasta 365 días para aprobarlo.
