Guatemala — Las relaciones entre Colombia y Guatemala atraviesan momentos de tensión luego de que el Ministerio Público anunciara una investigación hacia el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, en el marco del caso Odebrecht, que lo vinculan con supuestas acciones irregulares cuando ejerció como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) en Guatemala.
Además, incluyeron acciones legales en contra de la exfuncionaria de Cicig, Luz Adriana Camargo Garzón.
El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (Feci), Rafael Curruchiche, afirmó que un juez giró cuatro órdenes de captura contra otras cuatro personas en el caso denominado Odebrecht, acuerdos fraudulentos, corrupción e impunidad.
Reacciones
Las investigaciones en contra de exfuncionarios de la Cicig desencadenaron una serie de reacciones por parte del gobierno de Estados Unidos como de organismos internacionales.
El embajador Brian A. Nichols, subsecretario de Asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de EE. UU., expresó su preocupación por las órdenes de captura del MP contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción por el caso Odebrecht en Guatemala.
“Tales acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema judicial de ese país”, resaltó Nichols en una publicación compartida en una red social.
Juan Pappier, subdirector en funciones de la división para las Américas de Human Rights Watch, calificó la decisión como un “disparate” que acerca a Guatemala a parecerse a Nicaragua, no solo buscando a Iván Velásquez sino también a la exfiscal Thelma Aldana.
El subdirector advirtió que la justicia guatemalteca está “cooptada por actores corruptos que buscan venganza por la valiente labor” que desarrolló Velásquez cuando dirigía la Comisión Internacional contra la Impunidad que resultó en numerosas condenas.
Pappier concluyó que este anuncio del Ministerio Público “no es sobre Iván Velásquez, es sobre Guatemala, donde la corrupción está arrasando los derechos humanos”.
“Decisión fue exabrupta”
El Ministerio de Relaciones de Guatemala calificó como “exabrupta” la solicitud del presidente Petro de llamar a consultas a su embajadora en Guatemala por la intención del MP de emprender acciones legales en contra del ministro de la Defensa colombiano, Iván Velásquez.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta que el Gobierno de Colombia vuelva político un tema de orden legal, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes. En ese sentido, hemos decidido por reciprocidad llamar a la embajadora de Guatemala en Colombia a consultas”, informó el Minex.
Reagan Vega es la embajadora de Guatemala en Colombia, y se espera que la diplomática guatemalteca se movilice en las próximas 48-72 horas, tomando en cuenta la logística que requiere el caso y eso también debería ocurrir con la diplomática colombiana.
Respaldo
Gustavo Petro, presidente de Colombia, manifestó su apoyo al actual ministro de la Defensa, Iván Velásquez, en diversos mensajes en redes sociales y a medios de comunicación.
“Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velasquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga. Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta”, solicitó el mandatario a través de una publicación en una red social.
Petro señaló que Velásquez fue contratado como jefe de la Cicig “para destruir la impunidad que dominaba y domina la República de Guatemala” y que por eso ahora es perseguido por ese tipo de intereses que tocó.
“Si Guatemala insiste en apresar hombres justos, bueno nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala”, enfatizó.
Pappier coincidió con el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre evitar que la corrupción persiga a Velásquez y aseguró que “la única respuesta que merece esta reciente investigación penal es la condena de la comunidad internacional”.
Desde Human Rights Watch también se llamó a Gustavo Petro a “promover que los gobiernos democráticos de la región (de todo el espectro político) condenen la destrucción del Estado de derecho en Guatemala”.
