Bloomberg Línea — El próximo 5 de febrero, los ecuatorianos acudirán a las urnas para participar de las elecciones seccionales y, al tiempo, votar en la Consulta Popular alrededor de temas de referendo planteados por el gobierno de Guillermo Lasso.
La consulta contiene ocho preguntas que relacionan temas sobre la extradición en caso de delitos transnacionales, cambios en movimientos políticos, autonomía de órganos de control y cuidados del medio ambiente. Bloomberg Línea inicia hoy una serie de entregas para explicar las preguntas.
Primera pregunta de la Consulta Popular Ecuador 2023
Esta será una de las preguntas que se encontrarán los ecuatorianos al momento de votar el referéndum en febrero:
- La extradición de ecuatorianos está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado transnacional como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes:
¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución?
Primera pregunta del referéndum
La Constitución del Ecuador prohíbe en su artículo 79 la extradición de sus nacionales, sin importar el delito que hayan cometido, al tiempo que señala que su juzgamiento se hará con base en las leyes del país. Caso contrario sucede con ciudadanos extranjeros, pues allí la legislación nacional sí faculta la extradición.
El gobierno de Lasso busca cambiar esta disposición en el país y que en casos de crímenes o delitos transnacionales, estas personas pueden ser extraditadas. En diciembre de 2022, cuando promocionó la consulta, el presidente señaló que no debería existir oposición a “uno de los principales problemas del país: la narcodelincuencia, el terrorismo y el crimen organizado”.
Esta medida, que cambiaría si es aprobada en la consulta, busca que los criminales involucrados en delitos transnacionales puedan ser juzgados en países donde hayan cometido el delito, con penas “más duras e ineludibles”, según explicó el gobierno, al señalar que la credibilidad del sistema judicial del país no pasa por un buen momento.
Entre los argumentos presentados por el gobierno en el Decreto Ejecutivo 607, con el cual se citó al referéndum, se señala que Ecuador ocupa la posición 31 de 193 en el Índice Global de Crimen Organizado (IGCO), lo que significa que está dentro del 16% de los Estados en donde existe mayor presencia de criminalidad.
“Es una herramienta poderosa para luchar contra el crimen organizado y la impunidad. Si los criminales son tan audaces para cooperar entre ellos, los países tenemos la responsabilidad humana de cooperar entre nosotros. Esta pregunta nos permitirá expulsar a personas involucradas con delitos graves como tráfico de drogas, corrupción, lavado de activos y tráfico de mujeres, delitos gravísimos que actualmente vulneran los derechos de los ecuatorianos”, fueron las palabras de la asesora jurídica de la Presidencia de la República, Karen Sichel, a Ecuavisa.
Allí, señaló que una de las condiciones de esta enmienda a la Constitución, si se aprueba, será que la extradición de un ecuatoriano debe ser solicitada por otro país.
En caso de que la mayoría de los votantes diga “sí” a este planteamiento, la Asamblea Nacional tendrá 365 días para aprobar la reforma a la ley de extradición, después de publicados los resultados oficiales del referéndum.
