Bloomberg Línea — Las inconsistencias en 20.000 millones de reales (US$ 3.900) divulgado por Americanas (AMER3) puede resultar en complicaciones también para directores y socios controladores de la empresa, entre ellos Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles y Carlos Alberto Sicupira.
Es que accionistas minoritarios de la empresa elaboraron medidas para intentar asegurar que serán reembolsados por las pérdidas causadas por la caída de los precios de activos de la empresa.
En concreto, el abogado Daniel Gerber solicitará, en nombre de los accionistas minoritarios, que el Ministerio Público Federal de Brasil (MPF) investigue delitos contra el mercado de capitales y el mercado financiero. Él también solicitará el bloqueo de bienes de los supuestos responsables de las inconsistencias para asegurar que los accionistas minoritarios se reembolsen.
La solicitud va a involucrar Americanas y PricewaterhouseCoopers (PwC), auditora responsable de los balances de la empresa.
El viernes (13), la Justicia de Rio de Janeiro aceptó una solicitud de Americanas y suspendió la colección de deudas de la empresa, prohibiendo el bloqueo, confiscación o suspensión de bienes y activos de la empresa por 30 días. En dicha solicitud, Americanas informó tener “unos 40.000 millones de reales” (US$ 7.800 millones) en deudas. Teóricamente, ya están contabilizadas las “inconsistencias” de 20.000 millones de reales reveladas días antes.
BTG Pactual (BPAC11), banco acreedor de 1.900 millones (US$ 371,2 millones), solicitó la suspensión de la decisión, pero esta fue rechazada. En la petición, el banco había afirmado que la solicitud de Americanas a la Justicia es “para impedir que los acreedores protegiesen legítimamente su patrimonio a la luz de la mayor estafa corporativa conocida en la historia del país”.
El anuncio de las inconsistencias por parte de la empresa, hizo caer las acciones unos 75% en la sesión bursátil del 12 de enero – el día siguiente del anuncio. En Estados Unidos, donde la empresa negocia Recibos de Depósito Estadounidenses, o ADRs, la caída fue del 22% en la apertura del mercado de ese día.
Según el abogado criminalista Daniel Gerber, la solicitud es por la investigación de delitos de insider trading (uso de información privilegiada para obtener ventajas en el mercado de capitales), gestión fraudulenta, venta de acciones sin valor y organización criminal.
“La gente pasó años organizándose de forma jerárquica para cometer estos delitos”, dijo el abogado en una entrevista con Bloomberg Línea.
En São Paulo, el MPF ya investiga si hay pruebas de insider trading por directores y controladores de la empresa desde el viernes. El cálculo todavía es preliminar y no se ha protocolado una investigación.
La sospecha de uso de información privilegiada es porque, desde que Americanas divulgó las inconsistencias al mercado, ha circulado información en las redes sociales que los directores vendieron el equivalente de 210 millones de reales (US$ 41 millones) en acciones de la compañía en el segundo semestre de 2022 – antes, por lo tanto, de las “inconsistencias contables” anunciadas al mercado.
Si se confirma la estafa contable, esta se relacionaría con el hecho de que Americanas ha registrado deudas financieras en otras categorías en su balance. En un vídeo de YouTube, el ex CEO de Americanas, Sergio Rial, afirmó que la pérdida de 20.000 millones de reales “es una estimación de varias entradas en el balance”.
En el vídeo, el ejecutivo dijo que “en verdad, la cifra está dentro de la estructura actual del balance, pero no está registrada correctamente. Esas entradas se colocan de alguna manera dentro de la estructura del balance o de la cuenta del resultado de la empresa”.
En los EE.UU.
Como Americanas tiene ADRs negociados en los EE.UU., la empresa también está sujeta a medida judiciales en dicho mercado.
La firma de abogados Almeida Law anunció el viernes que ya está trabajando en una acción colectiva (llamada class action) en los EE.UU. “en defensa de los inversionistas afectados por las inconsistencias relatadas por Americanas”. Sin embargo, eso no significa que la acción avanzará.
La acción colectiva en los EE.UU. es diferente que en Brasil. Allí, las firmas de abogados presentan tesis a la Justicia en nombre de una clase de personas – en este caso, los inversionistas – y el juez decide cuál firma será responsable del proceso. Es una especie de subasta de tesis jurídicas.
Almeida Law trabaja en asociación con oficinas estadounidenses. En el anuncio del viernes, la firma dijo que el objetivo de la acción contra Americanas es lograr una “indemnización punitiva” o un acuerdo con la empresa.
La estrategia es semejante a la adoptada por la firma con Petrobras en la época de la Operación Lava Jato, que investigaba actos de corrupción. En diciembre de 2014, la firma llevó a la Justicia de los EE.UU. una acción contra la empresa en nombre de accionistas minoritarios. En aquel momento, la firma elegida para llevar el caso fue Pomerantz, pero Almeida Law estuvo responsable de un grupo de accionistas.
El caso de 2014 resultó en un acuerdo, firmado en 2018, por el que la estatal brasileña se comprometió a pagar 3.000 millones de reales (US$ 586 millones) a los accionistas minoritarios. Fue el mayor acuerdo que implicó una empresa extranjera en los EE.UU. PwC, la auditoría responsable de la información de Petrobras, tuvo de pagar US$ 50 millones.
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