Bogotá — Para los expertos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal es urgente que el Gobierno Nacional publique cuanto antes el plan que define el proceso de transición energética en Colombia para darles a los agentes del mercado financiero un mensaje de tranquilidad.
En su análisis sobre la actualización del Plan Financiero 2023, el CARF destacó que en líneas generales los supuestos con los cuales se construyó son razonables, no obstante, alertó los temas que pueden resultar perjudiciales para la economía nacional.
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“Será importante tener presente el riesgo de un menor ingreso petrolero derivado de un precio del petróleo más bajo al consignado en los supuestos, y la interacción de esto con las señales internas adversas a la industria de hidrocarburos. Para dar mayor tranquilidad sobre las proyecciones fiscales y de balanza de pagos de corto y mediano plazo, sigue siendo indispensable que el Gobierno publique cuanto antes el plan para la transición energética y de tranquilidad al mercado y, a los actores del sector, sobre la continuidad de la exploración y explotación de hidrocarburos en el país”, dice la comunicación del CARF, que, además, agrega que “la eliminación de la incertidumbre en este frente contribuirá a afianzar las expectativas de los agentes sobre el tipo de cambio, la inversión y el crecimiento, al tiempo que harán más predecibles los ingresos de la Nación tanto a través de los impuestos esperados del sector, como a través del flujo de dividendos de Ecopetrol”.
Destacó el grupo de expertos independientes que “el escenario fiscal planteado en el Plan Financiero cumple con la meta sobre el balance primario neto estructural (BPNE) del Gobierno Nacional, fijada para 2023 por la senda de transición de la Regla Fiscal establecida en la Ley 2155 de 2021. El CARF encuentra adecuado el cálculo de los ciclos económico y petrolero, y las transacciones de única vez. Este escenario representa un esfuerzo importante hacia la consolidación fiscal del país y avanza en acercar los resultados fiscales a los requeridos para el cumplimiento de la fórmula de la Regla Fiscal, a partir de 2026″.
No obstante, advirtió también que la deuda neta del Gobierno Nacional Central terminó 2022 en un nivel superior al esperado en el MFMP y el Plan Financiero presenta un ritmo para su disminución que sería más lento que el que se pronosticaba a mediados de 2022. La mayor carga de intereses continúa siendo una fuente de preocupación, con un aumento de $24 billones en 2022, y un nivel de $68,3 billones para 2023.
Advierte que la dinámica de la deuda dependerá críticamente del comportamiento de las tasas de interés de la deuda pública, hoy en niveles altos, y de la tasa de cambio. Incluso, dice que una senda de deuda pública más alta limita la capacidad de reacción de la política fiscal ante choques inesperados.
Finalmente, ante los anuncios del Gobierno sobre las ambiciones de inversión previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y los posibles efectos fiscales de reformas legislativas, como las anunciadas en los temas pensional y de salud, el escenario fiscal de mediano plazo conserva un elevado nivel de incertidumbre, que redunda en una alta percepción de riesgo evidenciado en las tasas de interés de la deuda pública.
Dice el CARF que asegurar la sostenibilidad fiscal del país debe continuar siendo un elemento clave del diseño de las políticas públicas, por lo que es imperativo que cualquier reforma cuente con los recursos suficientes para su implementación y no impliquen mayores niveles de endeudamiento para el Gobierno.
