Santiago — La incertidumbre se eleva en torno al rumbo de las aseguradoras privadas de salud en Chile. Este 2023 puede ser el “ser el comienzo del año más difícil de la historia” de las entidades, dijo el presidente de Asociación de Isapres, Gonzalo Simon, en una entrevista a un medio local.
Desde hace más de un año las aseguradoras de salud están reflejando pérdidas en sus estados financieros. Solo en los primeros nueve meses de 2022 perdieron 128.000 millones de pesos chilenos (US$150 millones), según datos de la Superintendencia de Salud.
Pero el punto de inflexión fue un fallo de la Corte Suprema, dictado el 30 de noviembre, que dejó sin efecto el alza de las Isapres, ordenó aplicar a todos sus afiliados la tabla de factores definida por la Superintendencia de Salud en diciembre de 2019 y restituir cobros de excesos. Esta semana, las aseguradoras emitieron un comunicado pidiendo al organismo fiscalizador celeridad para conocer cómo se aplicará este veredicto.
¿Cerca o lejos de un colapso?
Para el economista Jorge Berríos, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, desde el punto de vista operativo y de flujo de caja las isapres Cruz Blanca y Consalud se encuentran en una “quiebra técnica”.
Cruz Blanca, ligada a British United Provident Association (Bupa), informó recientemente a una clínica asociada, Indisa, que no están en “condiciones de cumplir el contrato suscrito entre las partes” que establecía un reajuste anual de acuerdo con el IPC en los precios de las atenciones desde el 9 de enero.
Desde el año pasado Bupa y la aseguradora de salud internacional UnitedHealth Group se están preparando para enfrentar al Gobierno de Chile tras una serie de nuevas regulaciones y sentencias judiciales ya empujaban a las Isapres hacia un posible colapso.
Un eventual declive del sistema, que tiene más de 3 millones de afiliados, genera inquietud. Berríos indica que la posibilidad de insolvencia de un sector estratégico sería una mala señal no solo a nivel nacional, sino también para los inversionistas extranjeros.
Pero la mayor preocupación radica en un colapso del organismo, que además tendría repercusiones en el sistema público porque tendría que recibir a una cantidad mayor de usuarios. “Estamos trabajando en una propuesta para fortalecer el seguro público, de manera que cualquier eventualidad que ocurra con las Isapres, la gente no se sienta desprotegida”, dijo la ministra de Salud, Ximena Aguilera, en una entrevista con radio Duna esta semana.
A la espera de la Superintendencia
Berríos asegura que Consalud estaría en una situación más compleja que Cruz Blanca. El economista considera que debiera existir mayor transparencia respecto a la situación financiera actual de las aseguradoras y el origen de sus pérdidas.
Hay un sinfín de razones para especular sobre la raíz de las millonarias pérdidas de las entidades, agrega el académico. Estas pudieran transitar desde costos generados durante la pandemia como absorber gastos y cubrir los aranceles de las personas atendidas por el servidor público Fonasa, pago de las licencias médicas y hasta los costos de los juicios por el aumento de los planes de salud.
De momento, la ministra Aguilera dijo que no se pondrán en ningún escenario hasta que no tengan todos los análisis terminados por parte de la Superintendencia. “No es muy adecuado ni seguro para la gente el que nos pongamos en especulaciones”, acotó en una conferencia de prensa.
Por su parte, el superintendente de Salud pidió prudencia para cumplir con el fallo de la Corte Suprema y afirmó que no tienen intención de perjudicar a las aseguradoras. “¿Hay sentido de urgencia? Lo hay, pero la misma responsabilidad indica que vamos a ocupar más tiempo de lo que quisieran quizás las Isapres, pero menos del que nos ha dado la Corte”.
