Bogotá — Antes de que el próximo siete de febrero llegue el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (PND) al Congreso de la República para arrancar su discusión, el contenido del documento fue estudiado por el Consejo Nacional de Planeación, que mediante un documento de 172 páginas expresó, además de recomendaciones y oportunidades, las deficiencias que se encontraron. Bloomberg Línea presenta las principales relacionadas con el sector económico.
Del análisis de este nicho se encargaron cuatro expertos: Clara Imelda Restrepo de Mitchell, vicepresidenta de Desarrollo Económico y Competitividad de la ANDI; Rosmery Quintero, presidenta de Acopi (gremio de las pequeñas y medianas empresas); Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia); y Ramiro Ortiz Fonseca, de la Asociación de Empresarios Unidos de la Microempresa (Asomeun).
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Entre los reparos que hacen al PND están que “en el escrito no se reconoce la intención de la política alrededor de las exportaciones. En este sentido, se deben tener políticas claras en la estimulación del comercio exterior”. También plantean la necesidad de “aumentar el número de acuerdos de reconocimiento mutuo entre aduanas de países de interés estratégico y agilizar trámites para la entrega de visados a trabajadores extranjeros con alto valor para el sector productivo”.
Establecen que independientemente de la armonización de los programas de transferencias monetarias tanto condicionadas como no condicionadas, el Gobierno debería garantizar los mecanismos que garanticen que los recursos lleguen a los colombianos que realmente lo necesitan. Y que en materia de las políticas de inclusión productiva con trabajo decente y apoyo al emprendimiento, “es conveniente que el Ejecutivo establezca con claridad los criterios técnicos para la identificación de los trabajadores (...) en particular para el desarrollo de los procesos de concertación y representación colectiva”.
Para los consejeros económicos hay un tema absolutamente relevante: “todo lo que el país haga en infraestructura, porque el clima nos va a seguir pegando, va a ser quizás uno de los mayores legados que usted Presidente pueda dejarle a Colombia y a la Colombia rural porque la plata no va a alcanzar, tristemente, para tantas prioridades. Y cuando usted mira el resultado de los diálogos regionales vinculantes, el tema de las carreteras como el de la educación siempre salieron en esas 250.000 intervenciones. Los planes también son para cambiarlos a propósito de las necesidades que tiene nuestro país”, dijo Jorge Bedoya durante la presentación de las recomendación del Consejo Nacional de Planeación que se llevó a cabo este miércoles.
Y es que el documento presentado enfatiza que la tasa de informalidad laboral rural supera el 86%, por lo que es importante que en el PND quede el compromiso del Gobierno de tramitar en el Congreso de la República una ley que cree un régimen laboral propio para el campo que atienda sus particularidades y las de sus diferentes productos. “La consolidación de la red de infraestructura y de transporte seguro también es fundamental para el desarrollo nacional y aún más para garantizar el correcto derecho a la alimentación”, enfatiza el Plan.
Se habla además de que la economía popular y comunitaria debe ir acompañada de incentivos que propicien la movilidad empresarial y social. “Proponemos integrar la institucionalidad existente en Colombia para crear una Gran Unidad de desarrollo empresarial para la Economía Popular y Comunitaria, priorizando la asesoría y asistencia técnica a estas unidades de negocios, con el objetivo de que estas se fortalezcan”.
Lo que implica, mencionan, priorizar los recursos e instituciones existentes para contar con servicios de desarrollo empresarial de manera permanente, capacitando al emprendedor con información de calidad y brindando productos de planificación estratégica que permitan, a través de su cumplimiento, acceder a financiación diferenciada para medianas y pequeñas empresas y créditos condonables según el aporte socioeconómico.
Los expertos citan la consolidación del SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Pública) que se pretende hacer. Sin embargo, destacan que se deben priorizar tres aspectos: eliminación del RUP teniendo en cuenta su duplicidad con el SECOP II; garantizar el acceso efectivo de las medianas y pequeñas empresas en el mercado de compras públicas, estableciendo un el 30% de participación; e implementar un programa de formación y divulgación en contratación pública.
Adicional a eso y en materia de compras públicas, sugieren “la revisión del marco regulatorio existente para determinar si es suficiente y si tiene problemas en la implementación por parte del Gobierno Nacional y los entes territoriales”.
Por otra parte comentan que para tener un sistema de salud eficiente, es importante una actualización óptima de la información que maneja la DIAN y la de aquellos que acceden al sistema subsidiado.
En temas ambientales destacaron que aunque es positiva la implementación de acuerdos para velar por los derechos ambientales, “es importante pensar en la forma en que se pueden reclamar estos derechos, puesto que, las acciones no deben ser afectando el desarrollo económico. Asimismo, se debe revisar de manera detallada la vigilancia en los temas de construcciones y excavaciones que se realizan en las diferentes zonas del territorio”.
Y en esa línea establecen que el acceso a los recursos hídricos encarecen la producción desde el sector económico, lo que hace que como recurso esencial sea apoyado y subsidiado para fomentar el desarrollo económico desde cada una de las regiones. Por lo que “se hace necesario desarrollar programas que incentiven el sector económico en el cuidado de cuencas y fuentes hídricas haciendo intercambio de beneficios tributarios en favor del cuidado ambiental”.
Durante la presentación que hizo el Consejo, el presidente Gustavo Petro sostuvo que “la estrategia para transformar este Estado en estos años de un espacio de transacciones mercantiles, muchas veces oscuras, en un espacio de cambio. Ese es el reto, cómo lo movemos en función del beneficio social, para que la gente diga: este Estado me ayudó en algo, me resolvió al menos un problema”.
A su vez, el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, expresó que “un test de que hicimos un buen plan es que hayamos marcado estrategias de desarrollo para los gobiernos futuros. Si nosotros logramos sentar las bases estructurales de cambio y que el gobierno siguiente diga estos puntos son inamovibles, es un éxito”.
