Bloomberg — La fiscalía brasileña pidió a un juzgado que embargue los bienes al expresidente Jair Bolsonaro en el marco de sus pesquisas sobre los violentos disturbios contra el gobierno que conmocionaron este domingo al país y que se amplían a otras personas aparte de los manifestantes.
Los funcionarios señalaron que el dinero tendría que utilizarse para contribuir a pagar los destrozos ocasionados a la propiedad estatal cuando los protestantes invadieron edificios del gobierno en la ciudad de Brasilia el pasado 8 de enero. Por otra parte, los investigadores han determinado la existencia de más de 100 compañías que supuestamente pagaron a los manifestantes y van a solicitar que se bloqueen sus activos, según CNN Brasil, sin precisar de dónde han sacado esta información.
Los oficiales están profundizando su pesquisa sobre la mayor escalada de violencia política brasileña en las últimas décadas tras la detención de más de 1.500 agitadores, centrándose en averiguar quién pagó el desplazamiento de los simpatizantes de Bolsonaro a la capital del país y quién pagó la financiación de los campamentos para protestar ante los cuarteles del ejército.
Asimismo, están investigando los probables nexos entre los participantes en las protestas y ciertos integrantes del enorme sector agrícola brasileño, uno de los principales apoyos financieros de Bolsonaro, si bien Flavio Dino, ministro de Justicia, declaró que aún es demasiado temprano para determinar quién ha financiado los ataques.
Los fiscales “no se detendrán con las personas arrestadas en el lugar”, dijo Dino a GloboNews el martes. “Intensificaremos esta investigación, tanto como sea posible, a los niveles superiores que dirigieron el terrorismo en Brasil”.
La economía más grande de América Latina se tambalea por las secuelas de los esfuerzos de los partidarios de Bolsonaro para restaurarlo en el poder, que incluyeron destrozar oficinas gubernamentales, romper ventanas y destruir obras de arte. Al igual que los alborotadores que irrumpieron en el Capitolio de EE.UU. en 2021 en apoyo de Donald Trump, los aliados del expresidente están convencidos de que el fraude electoral le impidió ganar la reelección en la votación de octubre que perdió ante Luiz Inácio Lula da Silva.
Algunos de los mayores partidarios financieros de la campaña de Bolsonaro para 2022 repudiaron la violencia del domingo, incluido el magnate de la agroindustria Hugo de Carvalho Ribeiro, el abogado y predicador Fabiano Zettel y Luciano Hang, el multimillonario propietario de la cadena de tiendas departamentales Havan.
Bolsonaro, un populista excapitán del ejército que asombró a los analistas políticos cuando ganó la presidencia en 2018, se basó en una red de donantes individuales, tanto grandes como pequeños, para tratar de conservar su puesto el año pasado. La mayoría del apoyo financiero de su campaña provino del poderoso sector agrícola. Brasil es el mayor exportador mundial de soja, carne vacuna, café y azúcar, y la industria representa alrededor del 25% del producto interno bruto.
Después de perder por poco ante Lula, Bolsonaro se retiró al palacio presidencial y luego se escondió en Florida cuando su sucesor asumió el cargo. Pero los opositores dicen que sus comentarios en entrevistas y tuits animaron a algunos de sus partidarios a pensar que podrían anular su derrota electoral, lo que en última instancia conduciría a los disturbios.
El propio Bolsonaro condenó las protestas del domingo. Después de ser admitido en un hospital cerca de Orlando con dolor abdominal el lunes, le dijo a CNN Brasil que espera acortar su viaje a Estados Unidos y regresar a Brasil.
Zettel, socio de un bufete de abogados con sede en Sao Paulo centrado en el sector financiero y el mayor donante individual de la campaña 2022 de Bolsonaro, trató de distanciarse de los disturbios.
“Los resultados de la votación deben ser honrados, la democracia defendida por todos nosotros”, dijo en una respuesta enviada por correo electrónico a las preguntas de Bloomberg News.
Hang también criticó la violencia del 8 de enero.
“Nunca apoyé o respaldaría actos de violencia y vandalismo”, dijo en una respuesta por correo electrónico a las preguntas. “No doné, participé, ni fomenté ningún acto antidemocrático, ni atentado contra la propiedad pública. Repudio todo lo que se hizo el domingo”.
Ribeiro, miembro de la extensa familia Maggi, uno de los mayores terratenientes de Brasil, fue el tercer mayor donante de la campaña presidencial de Bolsonaro el año pasado. Dijo que los alborotadores deberían ser “identificados y castigados”, en un comunicado enviado por correo electrónico. Ribeiro es accionista de Amaggi, un conglomerado de productos básicos que tuvo más de US$7.300 millones en ingresos en 2021.
Los agricultores de Brasil, al igual que los de EE.UU., tienden a ser conservadores y se alinean con la fe religiosa y los valores familiares declarados de Bolsonaro. También apreciaron su voluntad de defender sus prioridades sobre las preocupaciones ambientales, especialmente en la Amazonía.
Los agricultores brasileños han rechazado la idea de que tenían alguna responsabilidad por los disturbios en Brasilia. Comentarios que sugieran lo contrario “son inapropiados y no reflejan la importancia real de la agroindustria para el país”, dijo el lunes un grupo de productores de soja en el estado de Mato Grosso.
Por ahora, mientras las autoridades intentan encontrar a los responsables de financiar los disturbios, también intentan rastrear a las personas que irrumpieron en los edificios gubernamentales.
Al igual que en los EE.UU. después del 6 de enero de 2021, las autoridades brasileñas están revisando selfies y publicaciones en las redes sociales para identificar y arrestar a más participantes. El Ministerio de Justicia ha creado una dirección de correo electrónico donde la gente puede delatar a los manifestantes y ya ha recibido más de 30.000 pistas.
Con la asistencia de Bruna Lessa y Rachel Gamarski.
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