Bloomberg Línea — La inflación se ha posicionado como la principal preocupación de los ciudadanos en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, incluidos los de Centroamérica y República Dominicana.
Ante ello, los gobiernos de la región han respondido al choque de precios de alimentos en diferentes magnitudes.
Durante 2022, República Dominicana y Guatemala reaccionaron con una amplia de gama de medidas, mientras que en Nicaragua, Belice, Costa Rica, Honduras y Panamá las respuestas fueron más acotadas, dice un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A pesar de esta heterogeneidad, existen ciertas similitudes en los tipos de política implementadas, según el Panorama y perspectivas de la seguridad alimentaria en Centroamérica, Panamá, República Dominicana, México y Haití del BID.
Belice y Costa Rica
En Belice, la inflación de alimentos y bebidas llegó en septiembre de 2022 a la cifra más alta (9,4%) desde la crisis alimentaria de 2006-2008, algo inusual en un país con un tipo de cambio fijo de larga data que ha contribuido a la estabilidad de precios.
El gobierno de ese país aprobó medidas económicas para apoyar a los sectores afectados por la inflación por un estimado de 1,24% del Producto Interno Bruto (PIB), las cuales incluyen controles de precios para los alimentos básicos y una campaña para incentivar a los ciudadanos a sustituir insumos importados por productos locales.
En cambio, Costa Rica es el país de la región que menos recursos ha destinado para contrarrestar la subida de los precios de los combustibles y de la alimentación, con respuestas de política que hasta la fecha han tenido un impacto fiscal del 0,1% del PIB.
En su mayoría, estas medidas han consistido en decretos ejecutivos que se han centrado en cambios normativos, como congelación y reducción de impuestos y eliminación de precios mínimos, y en la aprobación de un subsidio para los hogares con ingresos más bajos.
En las economías dolarizadas
En los años prepandemia, El Salvador se ha caracterizado por una baja inflación, en gran medida relacionado con la dolarización oficial, por lo que desde 2012 a 2021 la inflación en el rubro de alimentos nunca había superado el 6%, y el promedio en el periodo 2012-2019 fue de 1,1%.
Sin embargo, en 2022, aunque El Salvador tuvo una de las tasas de inflación interanual más baja en Centroamérica (de mayor a menor es el sexto de siete países), la inflación en el rubro de los alimentos destacó por ser relativamente alta.
En respuesta a la presión inflacionaria, el gobierno comenzó a implementar en marzo una serie de medidas con impacto sobre la seguridad alimentaria por un coste estimado de US$ 513,8 millones (1,6% del PIB).
Panamá, por su lado, alcanzó en junio de 2022 el nivel más alto de inflación en una década cuando creció 5,2% interanual. De forma particular, el componente de transporte creció 20,4%, lo que llevó al Gobierno a aprobar un subsidio a los combustibles que asciende al 0,4% del PIB.
Dominicana y Guatemala
Según el BID, en Guatemala se estima que el 49% de los hogares no alcanza a cubrir el costo de la canasta básica alimentaria y el aumento de precios durante 2022 agudizó la situación de inseguridad alimentaria.
Relacionado a ello, el gobierno lanzó un Programa Nacional de Emergencia con acciones para garantizar la seguridad alimentaria y reducir los efectos a raíz de la guerra en Ucrania, para lo que se asignó el 0,5% del PIB.
El mismo consta de 30 acciones en temas de política fiscal, protección social, seguridad alimentaria, energía y combustibles, política monetaria y cooperación internacional.
Una acción similar ocurrió en República Dominicana, donde la Presidencia de la República lanzó un paquete de subsidios en combustibles y alimentos como respuesta a la creciente inflación y a la amenaza económica que supone la guerra en Ucrania, que según el proyecto de presupuesto reformulado de 2022 representa el 1,5% del PIB.
Honduras y Nicaragua
En los dos países, la inseguridad alimentaria afecta a un alto porcentaje de la población, una situación agravada aún más por la crisis sanitaria a causa de la Covid-19 y luego por las inflaciones de dos dígitos reportadas en 2022.
En Honduras, la inflación interanual de alimentos ha crecido sostenidamente desde agosto 2021 (0,5%), hasta ubicarse en 17,2% en septiembre 2022.
En reacción, el gobierno ha tomado medidas antiinflacionarias en torno a combatir la inseguridad alimentaria, como estabilización de precios en productos de consumo masivo, las cuales equivalen al 0,73% del PIB.
En Nicaragua, ya desde 2021 venía presentando una tendencia inflacionaria a la alza, cuando cerró este indicador al nivel más alto en 10 años (7,2%), y para julio de 2022 alcanzaría la segunda tasa más alta de la región (11,5%).
La medida más significativa que tomado el gobierno nicaragüense ha sido la de congelar el precio de combustibles para transporte y cocina, una disposición que ha tenido un impacto fiscal del 0,6%.