Centroamérica — El lavado de dinero es una amenaza creciente y ante ello la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que, actualmente, este delito representa un derroche de hasta un 2,7% del PIB mundial cada año, por lo tanto, de este fenómeno no se escapan los países de Centroamérica.
En agosto del 2022 se llevó a cabo la XLV Plenaria y Grupos de Trabajo del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en donde se discutieron los nuevos lineamientos internacionales en materia de prevención de blanqueo de capitales, enfocados en las mejores prácticas que permiten un fortalecimiento de la región.
Durante la reunión, los representantes revelaron que Guatemala cumple con 16 de 40 recomendaciones internacionales, pero corre el riesgo de incluirse junto a Panamá y Nicaragua en el grupo de países con seguimiento intensificado y caería en la lista gris.
En el último ranking (2021) del Instituto de Basilea acerca de la vulnerabilidad de un territorio ante el lavado de dinero a nivel mundial, Panamá quedó ubicado en el lugar 29, Honduras ocupó el 43, mientras que Guatemala se situó en la posición 59.
Transacciones sospechosas
En el caso de Guatemala, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB), informó que de enero al 16 de diciembre del año pasado se reportaron 5.376 transacciones sospechosas.
Ante ello, se presentaron y ampliaron 235 denuncias para dar seguimiento a estos casos. El monto denunciado asciende a Q. 3.878,9 millones, es decir, US$ 494,03 millones.
La IVE comentó que dentro de las denuncias y ampliaciones presentadas hay al menos 2.195 involucrados. Por esa razón, se emitieron 16 informes de extinción de dominio y el monto relacionado con estos informes asciende a Q. 88 millones unos US$ 11,21 millones.
Montos captados por extorsiones
El informe “Extorsión en el Triángulo Norte de Centroamérica: siguiendo el dinero” cuantificó que las ganancias que perciben las organizaciones criminales que se dedican a este flagelo en Guatemala se ubican entre US$ 40 millones -como escenario bajo- hasta los US$ 57 millones como alto, lo que equivale a un rango de Q 310 a Q 440 millones anuales.
El documento que elaboró la organización Global Financial Integrity (GFI) con sede en Washington, D.C., presentado en septiembre del 2022, detalló que la cifra puede incluso ser mayor, debido a la poca disponibilidad de información, y parte de esas ganancias que reciben los grupos criminales, se podría destinar para el pago de salarios, inversiones, ampliaciones de operaciones de las empresas y la creación de nuevos negocios y se calcula que afecta unas 78.000 personas que equivale al 38% de la población.
Para El Salvador, GFI calculó entre US$ 190 millones y US$ 245 millones, y para Honduras entre US$ 30 millones y US$ 50 millones anuales, que impactan a unas 330.000 personas víctimas de extorsión en la región.
Una de las conclusiones del informe es que la extorsión deriva de delitos financieros como el lavado de activos, el financiamiento de terrorismo y la corrupción.
Políticas públicas más duras
Bloomberg Línea conversó con René Salazar, jefe de soluciones bancarias de Fiserv Latam sobre los retos que representa para los países de la región implementar acciones para prevenir el lavado de dinero.
BL: ¿Qué efectos tiene en los países este tipo de prácticas?
Salazar: Este tipo de prácticas generan un clima de desconfianza empresarial y también institucional de las autoridades.
BL: ¿Qué han hecho las entidades para fortalecer sus sistemas?
Salazar: Entendemos que el lavado de dinero es un conflicto que interrumpe los ciclos de salud económica en los mercados financieros y bancarios. Ante ello, las instituciones financieras dejaron atrás métodos tradicionales para adoptar un enfoque más eficiente y autónomo centrado en la tecnología de prevención, detección y mitigación de la actividad delictiva en tiempo real.
BL: ¿En qué se diferencia una operación inusual de una sospechosa?
Salazar: La operación inusual es aquella transacción que no guarda relación con la actividad económica del cliente o se salen de los parámetros adicionales fijados por la entidad, mientras que la sospechosa son movimientos inusuales de un cliente.
BL: ¿Cómo se puede mejorar esa percepción?
Salazar: Con políticas públicas más endurecidas pero, sobre todo, con la adopción de tecnologías para reducir el blanqueo de capitales que combinen una arquitectura, análisis y herramientas de investigación para identificar si ocurre algún crimen por medio del monitoreo automatizado de la actividad en una institución financiera.
AML Risk Manager es una de las soluciones más importantes a nivel global en la mitigación y detección de lavado de dinero. Está aprobada como un producto líder por consultoras financieras como The Chartis Group.
Con esto, las entidades pueden dar mayor certeza y seguridad a sus clientes, y ante la opinión pública, contribuir en la mejora de la imagen del país a nivel mundial.
BL: Los inversionistas se fijan en este tema del lavado de dinero. ¿Cómo lo manejan los países en donde buscan invertir?
Salazar: El inversionista busca países que no estén en listas grises o que se indique que protegen este tipo de crímenes.
De manera que hemos visto que más bancos e instituciones financieras de países como Guatemala, México y Colombia están optando por invertir en innovaciones tecnológicas para mitigar el blanqueo de capitales. Con ello, tienen más opciones para dar certeza y confianza a sus clientes, inversionistas y opinión pública en general.
