La administración de Joe Biden presentó una propuesta que busca incrementar los costos de los trámites para obtener las visas de trabajo, con el objetivo de ordenar las cuentas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés).
A través de la nueva reglamentación se aumentaría algunas tarifas, incluida ciertas solicitudes de naturalización. Cabe recordar que las mismas no habían tenido ningún incremento desde 2016.
Asimismo, preservaría la elegibilidad de exención de tarifas existente para poblaciones vulnerables y de bajos ingresos y agregaría nuevas exenciones de tarifas para ciertos programas humanitarios.
De aprobarse se espera que el USCIS genere un promedio de US$3,28 millones durante los años fiscales 2022 y 2023. Si a eso se le suman los procesamientos premium, los ingresos totales por tarifas deberían ser de US$4,5 millones en promedio por año. De este modo, se generaría un adicional de US$1,9 millones, superando los US$4,5 millones actuales.
Durante 2020, con la pandemia de COVID-19 se produjo una reducción drástica en la recepción de nuevas solicitudes, lo que resultó en una caída de los ingresos del 40% en el USCIS. A ello se sumaron las reservas de efectivo agotadas, un congelamiento temporal de la contratación de personal y el desgaste de la fuerza laboral, lo que ocasionó un retraso considerable en la administración de visas.
Principales modificaciones
- Se incorporaran los costos biométricos en la tarifa de beneficio principal y se eliminará la tarifa de servicios biométricos por separado.
- Se establecerá tarifas separadas para cada clasificación de no inmigrante cubierta por el Formulario I-129, Petición para Trabajadores No Inmigrantes.
- Cambiará el plazo de procesamiento premium de 15 días calendario a 15 días hábiles
- Se instaurarán tarifas más bajas para algunos formularios presentados en línea.
- No cambian los requisitos de elegibilidad para la exención de tarifas.
- Se preservará la elegibilidad de exención de tarifas existente para poblaciones vulnerables y de bajos ingresos.
- Se agregarán nuevas exenciones de tarifas para ciertos programas humanitarios.
- Se limitará el aumento de la tarifa para los solicitantes de naturalización.
- La distribución de tarifas será en función de la capacidad de pago de los declarantes.
- Se estima que la propuesta afectaría a más de un millón de contribuyentes de bajos ingresos.
A partir de la presentación de la propuesta, se esperan 60 días en los cuales los contribuyentes podrán emitir sus comentarios. Es así que, se espera que recién en marzo haya alguna resolución al respecto.
