Bloomberg Opinión — Aunque es difícil imaginar que el Congreso haya dejado muchas cosas fuera de la ley general de gastos de 4.000 páginas que el Presidente Joe Biden firmó la semana pasada, hubo algunas omisiones clave. Una de las menos explicables era la Ley de Ajuste Afgano.
Durante la caótica retirada estadounidense de Kabul en 2021, el gobierno de Biden concedió la llamada libertad condicional humanitaria a más de 70.000 evacuados afganos para permitir su entrada en Estados Unidos. La designación expira al cabo de dos años. Casi la mitad de estos evacuados no reúnen los requisitos para los visados especiales de inmigrante reservados a los afganos que lucharon junto a las tropas estadounidenses o trabajaron directamente para organismos gubernamentales de Estados Unidos. Entre ellos hay líderes de la sociedad civil, activistas de los derechos de la mujer, periodistas y otras personas que trabajaron para impulsar la política estadounidense y construir una sociedad afgana más abierta.
Sin un ajuste en su estatus migratorio, estos afganos tendrán que solicitar asilo para permanecer en Estados Unidos. A la luz de la brutalidad de los talibanes, un juez estadounidense se vería en apuros para negar que los evacuados tienen un temor fundado a ser perseguidos si son deportados. Pero eso no es ninguna garantía: El proceso de asilo es confuso, caro y requiere documentación que en muchos casos fue destruida o abandonada en las prisas por marcharse. Además, debido a los retrasos en el sistema, los casos de los afganos podrían tardar años en resolverse, lo que limitaría considerablemente su capacidad para encontrar trabajo y rehacer sus vidas en Estados Unidos. El éxito les pondría en el camino de un año hacia la tarjeta de residencia.
Presentada el pasado agosto, la Ley de Ajuste Afgano ofrece una solución de sentido común, permitiendo a los evacuados afganos pasar directamente a esa fase final. EE.UU. ya ha concedido este tipo de privilegios a refugiados de Vietnam y Cuba. El proyecto cuenta con apoyo bipartidista -incluidos cinco copatrocinadores republicanos en el Senado- y un amplio respaldo público: Según una encuesta, el 76% de los encuestados se mostró a favor de la ley una vez explicados sus detalles.
Sin embargo, los detractores de la ley -entre ellos, el senador republicano Chuck Grassley, miembro de mayor rango del Comité Judicial- lograron bloquear su aprobación, alegando fallos de seguridad en el control original de los evacuados. De hecho, la ley exigiría que todos los solicitantes se sometieran a una rigurosa investigación adicional, que incluiría entrevistas en persona. Las agencias tendrían que informar con antelación al Congreso de sus planes de selección y el Departamento de Seguridad Nacional mantendría una base de datos de los evacuados. Se rechazarían las ofertas de los solicitantes que se negaran a someterse a una investigación adicional.
La incapacidad del Congreso para resolver el estatus de los afganos no es sólo cruel; es perjudicial para la seguridad nacional. En cualquier conflicto futuro, “los aliados potenciales recordarán lo que ocurre ahora con nuestros aliados afganos”, como escribieron al Congreso el mes pasado más de 30 oficiales retirados, entre ellos tres ex jefes del Estado Mayor Conjunto. Permitir que esta cuestión siga deslizándose sólo tenderá a confirmar las acusaciones de hipocresía de Estados Unidos.
Los partidarios de la ley tienen previsto volver a presentarla en el próximo Congreso. Deben actuar con rapidez. Aunque se apruebe, pasarán meses antes de que se elaboren las directrices y los procedimientos de investigación, y los evacuados puedan empezar a presentar sus solicitudes. Dado que el estatus legal de los evacuados afganos expira en agosto, es necesario que se vote antes de primavera.
Aunque los legisladores entrantes tendrán sin duda sus propias prioridades, el próximo Congreso debe resolver este asunto sin demora. Cualquier otra cosa sería una traición a los aliados de Estados Unidos y a sus ideales.
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