Bloomberg — Diputados opositores chilenos buscan destituir a dos miembros del gabinete del presidente Gabriel Boric, aumentando las tensiones políticas mientras su Administración busca avanzar en reformas económicas clave.
El Partido Republicano, de derecha, presentó una “acusación constitucional” contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, alegando que el antiguo aliado de Boric cometió negligencia y abuso de poder.
Los partidos de oposición también anunciaron una acusación separada contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos. En este caso, se alegan irregularidades relacionadas con los indultos presidenciales emitidos la semana pasada.
Una acusación constitucional en Chile es un proceso largo. Una comisión especial de diputados redacta primero un informe recomendando aceptar o rechazar los cargos, y luego la Cámara Baja debe aprobarlo, mientras que el Senado tiene la última palabra en el caso.
Boric ha enfrentado críticas desde que perdonó a trece personas por delitos como saqueos durante las protestas en 2019. Esa medida tocó la fibra sensible de los políticos de la oposición y de los votantes preocupados por el aumento de las tasas de la delincuencia. Es un mal momento para Boric, quien está tratando de impulsar reformas tributarias y de pensiones en el Congreso.
Aproximadamente el 61% de los votantes desaprueban a Boric, mientras que solo el 24% lo respalda, según la encuesta del CEP publicada el miércoles. Alrededor del 60% dijo que el crimen debería ser una de las principales prioridades del Gobierno, agregó el CEP.
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