Bloomberg Línea — El 10 de enero, Rolando José Álvarez Lagos, obispo de la Diócesis de Matagalpa (al norte), tendrá que comparecer en una audiencia inicial por “cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüenses”.
Así lo informó a Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del Complejo Judicial Central de Managua a mediados de diciembre en un comunicado sobre monseñor Álvarez, detenido el 19 de agosto y ahora en arresto domiciliario.
Álvarez ha sido considerado el obispo más crítico contra el Gobierno. Antes de ser capturado, pasó cinco días de cerco policial en la curia donde se encontraba en cautiverio con ocho sacerdotes y colaboradores.
De la misma causa es acusado el sacerdote nicaragüense Uriel Antonio Vallejos, exiliado desde septiembre de 2022 y a quien el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo califica de “prófugo de la justicia”, para lo cual giró oficio a la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol) para su captura.
Con monseñor Álvarez, son 11 miembros del clero arrestados o detenidos durante 2022 y que aguardan un proceso judicial. El resto son dos seminaristas, un diácono y siete sacerdotes, según datos recogidos por la fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, con sede Alemania.
Persecución contra la iglesia católica
Según la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, “el tratamiento que están recibiendo es inhumano y degradante, y esto se contradice también con lo que establece la ley del sistema penitenciario”, sin perjudicar su dignidad.
En entrevista al medio local 100% Noticias, Molina dijo que los sacerdotes están siendo trasladados con grilletes en manos y pies, “como que si fueran los peores delincuentes del mundo y todo esto les está vulnerando sus derechos humanos a cada uno de ellos”.
La especialista agregó que el trato degradante que están recibiendo miembros del cleros reafirma la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua y también intimida al resto de curas que, en libertad, condenan la represión.
Según reportes locales, las autoridades enviaron a cuatro sacerdotes y dos seminaristas a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como la prisión “El Chipote”, donde está la mayoría de presos políticos y de acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos están recluidos sufriendo vejaciones.
Días atrás, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, denunció que en los últimos meses el clima de represión en Nicaragua “solo se ha intensificado” y pidió la liberación “inmediata” de las 225 personas que permanecen detenidas “arbitrariamente” por su disidencia frente al gobierno de Ortega-Murillo
Expulsiones y cierre de medios
En una de sus comparecencias más recientes, el 20 de diciembre, Daniel Ortega dijo que no respeta a los obispos, porque considera que son hombres con sotanas y que “la sotana no hace santo a nadie”.
Al clima de hostilidad se suma la expulsión del representante diplomático de la Santa Sede, el nuncio apostólico monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag en marzo de 2022, además de congregaciones religiosas, como las Misioneras de la Caridad, así como el cierre de varios medios de comunicación católicos.
En tanto, la vicepresidenta nicaragüense Rosario Murillo, con motivo del fallecimiento del papa emérito Benedicto XVI, saludó a las autoridades y a los miembros de la iglesia católica en el país centroamericano: “Es importante reconocer por el coraje que personalidades como Benedicto XVI tuvieron para asumir las acciones que consideraron necesarias y que como hemos dicho, marcaron la diferencia en la historia de la iglesia católica”.
El gobierno ha prohibido las actividades religiosas, como procesiones y muchos sacerdotes son vigilados en sus homilías “para ver si hablan algo del gobierno o del partido”, según testimonios que recopiló la plataforma periodística CONNECTAS.
