Cientos de migrantes en el norte de México intentan en las últimas horas cruzar la frontera con los Estados Unidos, luego de que se prolongara la aplicación del controvertido Título 42 por parte de la Corte Suprema de los EE.UU.
El 21 de diciembre era la fecha tope para la derogación del Título 42, el cual busca disuadir los cruces fronterizos ilegales. Sin embargo pese a la batalla legal en los tribunales estadounidenses la medida se extendió sin fecha de caducidad a la vista.
El martes, la Corte Suprema de EE.UU. concedió una solicitud de un grupo de 19 fiscales estatales que pidieron mantener la aplicación del Título 42, cuyo levantamiento estaba previsto para el 21 de diciembre, ya que habían argumentado que su eliminación aumentaría los cruces fronterizos.
A la espera de la decisión, según informó Reuters, grupos de migrantes se encontraban en las cercanías fronterizas para poder cruzar a Estados Unidos.
Hoy, alrededor de 22.000 migrantes viven en albergues, calles y campamentos en tres ciudades del norte de México: unos 9.000 en Tijuana, 8.000 en Reynosa y 5.000 en Matamoros. A su vez, la ciudad estadounidense de El Paso, Texas, permanece en el centro de la crisis mientras miles de personas intentan llegar a esta región fronteriza.
La normativa
El Título 42 es una sección del Código de los EE.UU., promulgada en 1944, que permite al gobierno prohibir la entrada de extranjeros si presentan un “peligro grave” de propagar enfermedades transmisibles.
En marzo de 2020 con el advenimiento del Covid-19 fue el presidente Donald Trump el que hizo uso de esa herramienta. Es así que en ese país se expulsaron unos 2,5 millones de personas que ingresaron al país en busca de asilo.
Pese a que las autoridades sanitarias estadounidenses dijeron en abril pasado que la política ya no era necesaria la medida acaba de promulgarse.
El Tribunal dijo que escucharía argumentos sobre si los estados podrían intervenir para defender el Título 42 durante su sesión de febrero, pero se espera un fallo para finales de junio.
Así se espera otra batalla legal entre grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y los políticos conservadores.
La ACLU indicó ante medios de prensa que la política ya no es necesaria debido a las mejoras en los tratamientos de COVID-19 y que viola la ley internacional de asilo. Mientras tanto, los grupos conservadores creen que el fin del Título 42 conduciría a un aumento en la inmigración que abrumaría a las agencias gubernamentales, lo que llevaría a una “calamidad sin precedentes”.
El pedido de la Casa Blanca
Por su parte, el gobierno de Joe Biden solicitó una reforma “integral” de la política migratoria, luego de la decisión de la Corte Suprema del martes. “Con el fin de reparar nuestro deficiente sistema migratorio, el Congreso debe adoptar una reforma integral de la inmigración”, dijo Karine Jean-Pierre, portavoz del presidente Biden.
En un comunicado, el portavoz indicó que la Administración Federal acatará la orden, pero pidió al Congreso que apruebe una reforma migratoria para resolver la crisis de la frontera. “El Título 42 es una normativa de sanidad pública, no una política migratoria, por lo que no debe mantenerse de forma indefinida”, reivindicó.
La portavoz manifestó que el Gobierno cumplirá “por supuesto” la orden del Supremo, pero estará preparado para un eventual levantamiento de la normativa durante 2023.
