Buenos Aires — El presidente Alberto Fernández indicó que “el Estado Nacional ha sido notificado” de la medida cautelar otorgada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del conflicto por los fondos de coparticipación, y anticipó que el pago se realizará con bonos. En un giro inesperado, las declaraciones del mandatario llegaron días después de que expresara su intención de resistir el fallo del máximo tribunal y de recusar a sus jueces.
Previo a ello, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, había adelantado que iba a realizar una presentación en la Corte y denunciar a organismos y funcionarios por no acatar el fallo de la Corte Suprema que ordenó a la Nación restituir fondos de la coparticipación al gobierno porteño.
En ese escenario, el primer mandatario comunicó su cambio de postura por redes sociales, aunque insistió que “la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y, por lo tanto, está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional”.
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“Las políticas públicas que dispone el PEN se aplican en todo el territorio nacional; por lo tanto, si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas”, consideró.
Un pago en bonos
“También debo respetar las leyes vigentes. El artículo. 22 de la ley 23.982 indica que los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en la ley de Presupuesto. Advierto que ni el Presupuesto 2022 ni el 2023, votado por amplia mayoría, prevén estos pagos”, aclaró.
Por ese motivo, puntualizó: “Instruí a la JGM para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”.
Según explicó, esa transferencia “comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”.
Además, subrayó: “He instruido al MECON para enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22″.
El Gobierno pide revisar la medida cautelar
El presidente remarcó que “el actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la CSJN, actuando como instancia única, sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento”.
“Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como Presidente de la Nación, he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”, señaló.
En ese sentido, afirmó: “He instruido al Procurador del Tesoro para presentar un recurso de revocatoria `in extremis` contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta”.
“Además, he ordenado recusar a los jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas”, manifestó y resaltó que buscará “retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer”.
