A pesar de los esfuerzos y de las acciones emprendidas por “jurisdicciones progresistas”, tanto los bancos centrales como los supervisores financieros deben hacer más para facilitar el tránsito hacia una economía de naturaleza positiva y de cero emisiones netas, según informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en ingles).
El informe anual SUSREG 2022 evalúa las regulaciones financieras y las actividades sostenibles de los bancos centrales en 44 países, que en conjunto representan cerca del 88% del PIB mundial, el 72% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) y 11 de los 17 países más biodiversos en el mundo.
El reporte concluye que, en general y a pesar del progreso de varios países líderes (cuya mayoría son miembros de la Red de Bancos Centrales para Enverdecer el Sector Financiero (NGFS, por sus siglas en inglés), “hay demasiadas brechas que dificultan la transición a una economía neta cero positiva para la naturaleza”.
El objetivo, dice, es que la economía ponga en el centro la meta de tener una naturaleza positiva, lo que quiere decir que debe haber más naturaleza en 2030 que en 2020.
Con esto se busca que al menos el 30% de la tierra y los océanos estén protegidos, que la huella de la producción y el consumo de los seres humanos se reduzca a la mitad para 2030, entre otros.
En este sentido, insta a los bancos centrales en el mundo a adoptar planes de transición creíbles, en los que se establezcan “medidas claras y viables para alcanzar los objetivos climáticos basados en la ciencia y de la naturaleza, permitiendo la transición hacia la sostenibilidad en toda la economía”.
“Los planes de transición deben proporcionar la claridad y la orientación necesarias a los actores de los mercados financieros y tener objetivos climáticos y de biodiversidad claros, cuantificables y legalmente vinculantes para 2025, 2030 y 2050 que cubran todas las actividades de supervisión, regulación financiera y banca central”, según el reporte.
Además, les ha pedido que garanticen que las políticas monetarias y los instrumentos de regulación financiera “reflejen mejor el costo económico y el riesgo financiero de las actividades económicas, las empresas y los sectores ‘siempre dañinos para el medio ambiente’”, en la medida en la que “estos activos representan los riesgos financieros más altos”.
De hecho, considera que las instituciones financieras que “otorgan préstamos a empresas involucradas en actividades nocivas para el medioambiente deben enfrentar requisitos de capital mucho más altos para tener en cuenta los riesgos a largo plazo involucrados”.
A pesar los diferentes retos, WEF también destaca varios avances como el hecho de que un 88% de las jurisdicciones analizadas ya emite regulaciones bancarias y expectativas de supervisión que toman en cuenta los riesgos climáticos (79% para la regulación de seguros).
Atado a lo anterior, indica que cada vez cobra mayor importancia la divulgación de los riesgos derivados de los impactos del cambio climático y la transición a una economía baja en carbono.
De hecho, subraya que un 83% de las jurisdicciones exigen la divulgación climática de los bancos.
No obstante, considera que lo plasmado en estos informes debe traducirse en acciones
concretas puesto que “la medición y los informes transparentes por sí solos son insuficientes para lograr el cambio a la escala y la velocidad requeridas”.
Otro de los logros identificados es que bancos centrales y supervisores financieros están incrementando la publicación de estrategias climáticas y de sostenibilidad junto a sus hojas de ruta.
“Sin embargo, muchos no cuentan con planes de transición con plazos establecidos en marcha. Los planes de transición creíbles, ambiciosos y obligatorios son cruciales para acelerar la mitigación climática, detener y restaurar la pérdida de la naturaleza”, advierte.
Para los autores del informe “hasta que las emisiones globales de gases de efecto invernadero comiencen a reducirse y se detenga y revierta la pérdida de biodiversidad, se puede asumir que el sector financiero no está alineado con los objetivos del Acuerdo de París ni con el Convenio sobre la Diversidad Biológica”.
Adam Ng, autor principal del informe, concluye que “el mundo simplemente no puede permitirse cruzar los puntos de inflexión climáticos y tener un colapso ecológico”.
“Junto con los gobiernos y la sociedad civil, los reguladores financieros, los supervisores y los bancos centrales tienen que lograr un impacto inmediato y de amplio alcance para revertir la pérdida de biodiversidad sin excusas ni retrasos”, señaló.
En abril de este año el Gobierno colombiano dio a conocer en Nueva York su Taxonomía Verde, el mecanismo que le permitirá avanzar en el cumplimiento de metas ambientales trazadas tanto a nivel nacional como a nivel internacional y que da claridad a que quienes invierten en proyectos e iniciativas verdes.
Esta herramienta es una carta de navegación para las empresas y emisores de valores, inversionistas locales y extranjeros, reguladores financieros, entidades públicas y privadas, y consumidores financieros.
La Taxonomía Verde permitirá a los actores del mercado de capitales colombiano identificar con mayor facilidad qué actividades contribuyen sustancialmente al cumplimiento de metas ambientales, al mismo tiempo que facilita la diferenciación y clasificación de los instrumentos financieros denominados como verdes, aumenta la transparencia y apoya el monitoreo de las inversiones y gasto público verdes, según el Gobierno.
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