Bloomberg — El panel del 6 de enero recomendó al Congreso tomar medidas para impedir que Donald Trump vuelva a ocupar el cargo, pero la legislación que cita no logró avanzar en la Cámara de Representantes de EE.UU. este año y es casi seguro que no irá a ninguna parte cuando los republicanos asuman el poder el próximo mes.
Eso no es problema para los grupos de defensa que han prometido desafiar la elegibilidad constitucional de Trump para postularse a la presidencia en 2024. Dicen que el valor del trabajo del comité de la Cámara no está en ninguna legislación futura, sino en exponer el caso para aplicar una prohibición posterior a la Guerra Civil a los insurrectos que ocupan cargos bajo las reglas estatales que ya existen.
“Para cualquier secretario de Estado o funcionario electoral jefe que lea este informe, debería ver que aquí hay un mandato claro para que utilicen las pruebas de ese informe y apliquen la Sección 3 de la 14ª Enmienda para impedir que Donald Trump participe en la votación de su estado”, dijo John Bonifaz, de Free Speech for People, uno de los varios grupos que han anunciado planes para tratar de inhabilitar al ex presidente en varios estados.
El informe del comité del 6 de enero, en un apéndice dedicado a las reformas propuestas, instaba al Congreso a considerar la creación de un “mecanismo formal” para evaluar si las personas señaladas por el comité deben ser inhabilitadas. No explicaba con precisión cuál debería ser ese mecanismo.
Enmienda 14
“La comisión cree que quienes juraron proteger y defender la Constitución y luego, el 6 de enero, se insurreccionaron, pueden ser descalificados e inhabilitados para ocupar cargos públicos”, dice un pasaje de la página 690 del informe de 814 páginas.
La comisión no dijo abiertamente que el Congreso tuviera que intervenir para que Trump fuera descalificado en virtud de la 14ª Enmienda, pero los expertos han advertido de un caos legal si los esfuerzos para mantenerlo fuera de las urnas se desarrollan en múltiples estados con diferentes normas, especialmente si dan lugar a resultados diferentes.
Marcy Kahn, un ex juez de apelación del estado de Nueva York que dirigió un grupo de trabajo de la Asociación de Abogados de Nueva York para estudiar el tema, dijo previamente a Bloomberg que “realmente sería una crisis constitucional”.
El informe del 6 de enero citaba dos medidas presentadas por dos representantes demócratas, Jamie Raskin de Maryland -miembro del comité del 6 de enero- y Debbie Wasserman Schultz de Florida. Estas incluyen una resolución que declara que cualquiera que haya intentado socavar los resultados de las elecciones de 2020 queda descalificado en virtud de la 14ª Enmienda, y un proyecto de ley que da al Departamento de Justicia y a los ciudadanos particulares la opción de demandar en un tribunal federal para bloquear la aparición de un candidato en una papeleta electoral.
Otros dos demócratas, los representantes Steve Cohen, de Tennessee, y Jackie Speier, de California, presentaron un proyecto de ley similar que faculta al Departamento de Justicia para tomar medidas; ninguno de los dos exigiría que los abogados del Gobierno acudieran a los tribunales. A principios de este mes, el representante David Cicilline, de Rhode Island, propuso una medida que declaraba a Trump inelegible para ocupar cualquier cargo. Tenía una sección que dejaba claro que no cambiaba ningún proceso existente para hacer cumplir la inhabilitación.
La Cámara cambia de manos
Ninguno de los proyectos de ley llegó a la fase de audiencia en la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas. Los líderes republicanos que tomarán el control de la cámara el mes que viene han criticado duramente el trabajo del panel del 6 de enero, condenando cualquier esfuerzo por revivir la legislación que respaldó.
Sin embargo, sus defensores insisten en que no necesitan que el Congreso haga nada para presentar y ganar impugnaciones a Trump en las urnas estatales al amparo de la 14ª Enmienda. El lenguaje de la Sección 3 no requiere la acción del Congreso o una condena por el delito federal de insurrección. El Project on Government Oversight publicó un informe en noviembre en el que concluía que la “infraestructura legal” ya estaba en marcha.
Independientemente de lo que haga el Congreso, “la Sección 3 de la 14ª Enmienda ya obliga a los estados a mantener a los insurrectos, incluido Donald Trump, fuera de las urnas de sus estados”, dijo Bonifaz.
Sin embargo, el trabajo de la comisión puede ayudar, dicen sus defensores. Las pruebas presentadas en el informe -o una condena, en caso de que el Departamento de Justicia actúe con éxito en la remisión penal del panel a Trump- “pueden hacer un caso aún más férreo”, dijo Noah Bookbinder, presidente de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, otro grupo que se ha comprometido a perseguir los desafíos de la 14ª Enmienda.
Más allá de Trump, varios grupos están instando al nuevo Congreso a hacer cumplir la descalificación por insurrección negándose a sentar a los miembros que respaldaron sus esfuerzos para socavar la victoria electoral del presidente Joe Biden en 2020 - en concreto, los representantes Paul Gosar, de Arizona, Lauren Boebert, de Colorado, y Marjorie Taylor Greene, de Georgia.
Bonifz dijo que existe un proceso claro para que un miembro electo de la Cámara impugne el escaño de otro. Reconoció que hay muchas probabilidades de que se produzca tal impugnación, ya que los republicanos están a punto de convertirse en mayoría en la Cámara.
“Reconociendo que la Cámara está cambiando de control, puede que ese no sea el resultado, pero creemos que es imperativo”, dijo Bonifaz.
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