México renovaría pacto antiinflacionario con empresas en febrero

Las empresas han mostrado interés en continuar con el acuerdo y el Gobierno planea extenderlo nuevamente más allá de su fecha de finalización actual

Caja de supermercado
Por Max de Haldevang
22 de diciembre, 2022 | 11:38 AM

Bloomberg — La Secretaria de Hacienda en México planea que en febrero regrese el acuerdo con las grandes empresas para contener el precio de los productos básicos mediante la eliminación de barreras a la importación y reducción de algunos exportaciones de alimentos, de acuerdo con personas familiarizadas con el tema.

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El programa, mejor conocido como PACIC que comenzó en mayo y se renovó por primera vez en octubre, tiene el objetivo de alcanzar para febrero una reducción del 8% en el precio de 24 productos clave en comparación con su nivel máximo promedio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido el programa como una forma de aliviar el fuerte impacto de los aumentos de precios en las comunidades pobres, al tiempo que la inflación alcanzó en septiembre su nivel más alto en más de dos décadas.

Las empresas han mostrado interés en continuar con el acuerdo y el Gobierno planea extenderlo nuevamente más allá de su fecha de finalización actual, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas mientras se discuten los planes que no se han finalizado y que podrían cambiar. El Gobierno podría agregar algunas medidas nuevas y eliminar otras ya existentes, dijo una de las personas, sin dar más detalles.

La inflación en la segunda economía más grande de América Latina se aceleró a principios de diciembre al 7,7%, por encima del 7,46% de las dos semanas anteriores, pero por debajo de su máximo de principios de septiembre del 8,78%.

Actualmente, algunas de las principales empresas de México, incluidos supermercados como Wal-Mart de México, Grupo Comercial Chedraui y Organización Soriana, así como productores de alimentos como Gruma, Industrias Bachoco y Sigma Alimentos, son parte del pacto.

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El programa ha buscado reducir los costos para las empresas mediante la pausa de ciertos aranceles y barreras a la importación, al tiempo que aligera los requisitos de papeleo. A cambio, las empresas acordaron mantener los precios promedio de algunos productos clave por debajo de un límite acordado.

Chedraui, Soriana y Walmex han cumplido con su compromiso, declaró a principios de este mes el titular del organismo de defensa del consumidor de México.

En un intento por impulsar la oferta interna, el Gobierno también suspendió las exportaciones de productos como maíz blanco, frijoles y sardinas, así como de metal de deshecho utilizado para latas de alimentos.

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Se cumplió una medida para levantar temporalmente algunos requisitos sanitarios para los alimentos recibió críticas de una importante cámara empresarial, que dijo que podría poner en riesgo tanto a los consumidores como a las exportaciones agrícolas de México.

Impacto del subsidio

La política poco ortodoxa del Gobierno se superpone con un enfoque monetario más clásico. El banco central de México elevó su tasa de interés clave 650 puntos básicos a una cifra récord de 10,5% en una ola de ajustes que comenzó en junio del año pasado.

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Se prevé que los diversos programas de lucha contra la inflación de México cuesten alrededor de US$28.000 millones este año, con la mayor parte del dinero gastado en subsidios a los combustibles, según dijo en agosto el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Se proyecta que el subsidio al combustible continúe por un tiempo más, dijo una de las personas.

El subsidio y otros esfuerzos antiinflacionarios redujeron la inflación en 2,6 puntos porcentuales, dijo Ramírez de la O en ese momento. Los artículos cubiertos por el pacto no desaceleraron el crecimiento general de los precios entre mayo y septiembre, pero de octubre a noviembre restaron 0,4 puntos de la inflación general, escribió este mes Andrés Pardo, jefe de estrategia macro para América Latina en XP Investments, en una nota.

López Obrador ha dicho que los acuerdos no pueden considerarse controles de precios porque las empresas tienen la libertad de decidir los precios por sí mismas.

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