Bloomberg Línea — La congelación de precios de algunos productos de la canasta básica pasó de ser una medida exclusiva de Venezuela en Sudamérica, a convertirse en una herramienta utilizada también en Argentina, Ecuador y posteriormente en Panamá, pese a que los dos últimos mantienen una inflación controlada en 2022.
Incluso, recientemente, la ministra de Trabajo de Colombia, Gloria Inés Ramírez, que lleva cuatro meses en el cargo con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, propuso en su momento congelar los precios de la canasta básica en el país, ante el avance acelerado de la inflación.
Sin embargo, este tipo de medidas han mostrado desde Venezuela que pueden llegar a generar mayor inflación, al momento de descongelar los precios, y revivir momentos económicos que no son cómodos para los ciudadanos como la escasez.
Venezuela ha aplicado la medida de control de precios desde 2003 a artículos de primera necesidad y desde 2011 se congelaron los precios de los alimentos para frenar la inflación que era de 23% en ese año.
Pero con el paso de los años y la intermitencia de estas medidas, la inflación se ha acentuado en el país. En noviembre de 2022, la inflación mensual fue de 21,9%, la acumulada fue de 195,7% y la variación interanual llegó a 213%, de acuerdo a las cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF).
“Esta aceleración de la inflación ocurrió en un contexto de una significativa depreciación del bolívar cifrada en 43% y una pérdida de reservas de US$ 1.154 millones entre noviembre de 2022 respecto a noviembre de 2021″, señaló el organismo no gubernamental.
Además, se especificó que el costo de la canasta alimentaria se ubicó en US $366 (Bs.4.095,95), mientras que el salario mínimo básico se mantuvo en noviembre en Bs.130 (US$ 11,62).
Los nuevos precios máximos
El pasado 1° de diciembre de 2022, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) publicó una nueva lista de precios máximos al consumidor para diferentes alimentos, aunque las publicaciones fueron eliminadas con posterioridad. La última vez que se había aplicado esta medida había sido en 2020, en medio de la pandemia del Covid-19, cuando se regularon 27 rubros de alimentos.
“Desde la Sundde velaremos porque los precios de estos rubros se cumplan en beneficio de nuestro pueblo”, decía parte del mensaje de la Sundde que fue eliminado.
Esta medida, según los expertos, revive el temor de la escasez de productos, pues es una nueva regulación de precios, pese a que la administración del presidente Nicolás Maduro ha flexibilizado estas políticas de control desde 2018.
“Esto es un regreso a las políticas que se habían implementado en el pasado. Entonces, ¿después de esto viene un control de cambios? Esa es la pregunta que hay que hacer. Un control lleva a otro control”, expresó José Guerra, fundador del OVF a El Nacional.
Esta vez, se regularon 42 productos por parte de la Sundde, entre los que se destacan harina de maíz precocida (US$ 1,20), arroz blanco de mesa (US$ 1,20), azúcar refinada (US$ 1,25), margarina (US$ 2,15), atún en lata (US$ 0,62), caraotas (US$ 1,30), entre otros.
La ONG venezolana Centro de Difusión del Conocimiento Económico (Cedice) dijo en un comunicado al inicio de diciembre que el control de precios “se trata de una intervención artificial en el mercado que traerá, inevitablemente consigo, las distorsiones ya conocidas por los venezolanos, como escasez de productos regulados”.
El 2015 en el retrovisor
Dentro de las épocas álgidas de la escasez figura el 2015, año en que las filas frente a los supermercados se extendían por 50 y 100 metros, según lo reportaban los medios locales, mientras los ciudadanos esperaban un turno para entrar al establecimiento, sin saber incluso qué podrían comprar.
Para ese año, eran 42 productos básicos cuyos precios estaban regulados, razón por la que a pesar de que las estanterías de los establecimientos se veían llenas, hacían falta los alimentos y bienes más esenciales, como aceite de cocina, jabón o papel higiénico.
Justo en la crisis de escasez del 2015, la consultora Datanálisis reveló que el 65% de las personas que hacen fila en Venezuela son revendedores, quienes se encargaban de alimentar el llamado mercado negro.
“Los precios máximos para productos de consumo masivo desalientan la producción de los mismos y generan una profunda escasez en los centros comerciales, largas colas en los supermercados para conseguir los productos y un amplio mercado negro”, señalaron en el artículo ‘Un análisis de la crisis económica de Venezuela desde los postulados de la Escuela Austríaca de Economía’, Miguel Ángel Echarte, Mario Martínez y Oskary Zambrano, publicado en 2018.
Para ese momento, incluso el gobierno de Nicolás Maduro puso en marcha políticas para controlar la dinámica de compra de los productos regulados, como otorgar turnos por el número de cédulas o por identificación de huella digital, buscando terminar con la escasez, sin tener mayores resultados.
Pese a la situación, un estudio de ese año de las universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello, señalaron que el 80% de los venezolanos decía no tener ingresos suficientes para comprar alimentos, aunque el 88,7% aseguraba en ese entonces que comía tres veces al día.
Una situación similar a estas se produjo entre 2012 y 2013, cuando la falta de algunos alimentos y productos básicos esenciales era periódico en los principales establecimientos del país.
Ante las nuevas que podrían entrar en vigencia en diciembre de 2022, el dirigente juvenil del partido Primero Justicia, Luis Palacios, el control de precios recuerda “las colas, la escasez y una limitación de productos. Esto demuestra que la emergencia humanitaria compleja no ha terminado”.