Bloomberg — Un panel de la Cámara de Representantes de EE.UU. recomendó este lunes el procesamiento penal del ex presidente del país, Donald Trump, por su rol en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
“Nunca habíamos tenido un presidente de EE.UU. que impulsara un intento violento de bloquear la transferencia de poder”, dijo el presidente del ente, Bennie Thompson, un demócrata de Mississippi.
La recomendación es al Departamento de Justicia del país, que no obstante no está obligada a seguirla. Pero podría agregar más presión a la agencia y al investigador especial que el fiscal general Merrick Garland ha asignado al caso.
La denuncia penal se suma a los problemas que afectan a la candidatura de Trump a la reelección en 2024, lanzada el mes pasado. Otro comité de la Cámara de Representantes tiene previsto reunirse el martes para estudiar la posibilidad de hacer públicas las declaraciones impositivas de Trump, que él luchó para mantener privadas. El Comité de Medios y Arbitrios obtuvo los documentos tras una larga batalla judicial.
En las últimas semanas, la empresa de Trump ha sido condenada por fraude fiscal, su cena con un supremacista blanco provocó furiosas críticas y las encuestas muestran que su apoyo cae en picado tras los decepcionantes resultados republicanos en las elecciones de mitad de mandato. Algunos sondeos le sitúan por detrás del gobernador de Florida, Ron DeSantis, en las primarias republicanas, y del presidente demócrata, Joe Biden, en un hipotético reencuentro en 2024.
La congresista republicana Liz Cheney, de Wyoming, vicepresidenta del panel, calificó la conducta de Trump como “un fracaso moral absoluto y un abandono del deber” que le hace “no apto para ningún cargo.”
Cualquier condena posterior por un cargo de insurrección complicaría el esfuerzo de reelección de Trump. Según la 14ª enmienda de la Constitución, cualquier persona que haya prestado previamente juramento de apoyar la Constitución -lo que deben hacer los presidentes y los miembros del Congreso- está inhabilitada para ejercer cargos federales si forma parte de una insurrección.
Pero no está claro cómo funcionaría exactamente esa sección de la Constitución en la práctica, especialmente en una carrera presidencial a escala nacional. La Constitución no establece un proceso uniforme para solicitar la inhabilitación. Las recientes impugnaciones de la 14ª Enmienda contra un candidato que aparece en la papeleta electoral se han desarrollado estado por estado. El Congreso no actuó este año sobre las medidas propuestas para crear un proceso estandarizado destinado a evitar el caos legal.
Ningún presidente en ejercicio o ex presidente ha sido juzgado nunca por un delito, aunque Ulysses Grant fue detenido y multado con US$20 cuando era presidente por circular a gran velocidad por una calle de Washington en su coche de caballos. El Presidente Gerald Ford se adelantó a los cargos contra Richard Nixon con un indulto tras el escándalo Watergate.
Al final de su mandato presidencial, Bill Clinton aceptó una suspensión de cinco años de su licencia de abogado de Arkansas y una multa de US$25.000 en un acuerdo con el abogado independiente Robert Ray para que no presentara cargos penales contra él por mentir bajo juramento sobre su aventura con Monica Lewinsky.
--Con la colaboración de Zoe Tillman, Steven T. Dennis, Laura Davison, Mark Niquette y Chris Strohm.
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