San Pedro Sula — La compañía estadounidense Honduras Próspera, Inc. anunció que presentará una demanda de arbitraje internacional contra Honduras por la eliminación del sistema conocido como Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), que el Estado ha calificado de ilegales al considerar que violan la soberanía del país.
Al ser abordado por medios de la capital sobre el caso de Próspera, el secretario de Desarrollo Económico (SDE), Pedro Barquero, dijo que en el Gobierno “no estamos temerosos de eso, porque tanto nuestros abogados internos, como los externos nos han dicho que tenemos un sólido caso de defensa de soberanía nacional, pero la idea no es esa”.
Según el funcionario, esperan resolver el conflicto de “manera amistosa” y llegar a un acuerdo como ya lo han hecho con las otras dos ZEDE: Morazán en Choloma y Orquídea en San Marcos de Colón.
“Tenemos la aspiración que con esta ZEDE de Roatán también podamos avanzar de buena fe para encontrar la salida respetando la Constitución y la soberanía del país”, dijo Barquero, al asegurar que el Gobierno está abierto al diálogo.
El reclamo de la ZEDE Próspera
Estas áreas con un sistema legal, fiscal y judicial propio fueron aprobadas en 2013 cuando Porfirio Lobo Sosa era presidente de la República y Juan Orlando Hernández el titular del Congreso Nacional.
Honduras Próspera es propietaria de una de las tres plataformas desarrolladas bajo este mecanismo: ZEDE Próspera, en Roatán.
En noviembre, la compañía informó de la reclamación de US$ 10.775 millones por daños y perjuicios ante la eliminación de las ZEDE. Para actualizar sobre el conflicto, representantes de Honduras Próspera Inc. organizaron la semana pasada una conferencia de prensa en Tegucigalpa.
En ella explicaron que, en la fecha límite, el 1 de diciembre, el Gobierno de Honduras se abstuvo de aceptar una propuesta para resolver diferencias a través de un proceso de mediación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Según ejecutivos de Honduras Próspera, antes habían solicitado al Gobierno de Honduras que confirmara el respeto a las garantías de estabilidad jurídica otorgadas a los inversionistas y residentes de Próspera ZEDE, enviado múltiples cartas solicitando respuestas de la presidencia de la República, la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) o la Procuraduría General de la República (PGR), las cuales nunca fueron respondidas formalmente.
A falta de respuestas, Honduras Próspera había invitado al Gobierno de Honduras a participar en el proceso de consultas y negociaciones que ordena el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-RD), pero el Gobierno hondureño se abstuvo de participar.
Sin embargo, “ante la negativa del Gobierno de Honduras de confirmar el respeto a las garantías de estabilidad jurídica otorgadas a través del régimen ZEDE, y en virtud de una serie de actos y declaraciones perjudiciales realizadas por funcionarios del Gobierno hondureño, Honduras Próspera, Inc. se ha visto obligada a impulsar una demanda internacional de arbitraje para hacer valer sus derechos y proteger sus inversiones”.
La derogación de las ZEDE
Durante la conferencia, Erick Brimen, CEO de Honduras Próspera, dijo que “el Gobierno debe respetar las garantías de estabilidad jurídica que nos otorgaron las leyes de Honduras”.
El 20 de abril, el Congreso Nacional derogó por unanimidad de votos la Ley Orgánica de las ZEDE (decreto 120 -2013) y cinco días después, la presidenta Xiomara Castro también sancionó la derogación de esta Ley y dos decretos más: el decreto 368-2013, referente al nombramiento de 21 miembros del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), y el decreto 153-2013, relativo a un programa de promoción de las ZEDE.
No obstante, por tratarse de una modificación a la Constitución de la República, la derogatoria de las ZEDE requiere una segunda votación en una nueva legislatura anual, que deberá llevarse a cabo en 2023, para que luego entre en vigor.
Al respecto, los inversionistas de Próspera han dicho que “el derecho nacional e internacional es claro. La derogación de las ZEDE no se puede interpretar legalmente como la eliminación de las ZEDE existentes, porque el Tratado de Inversión entre Honduras-Kuwait, (firmado en 2013) garantiza la estabilidad jurídica del marco de las ZEDE por 50 años”.