Bloomberg Línea — Tal como anunció el presidente costarricense Rodrigo Chaves, el país centroamericano aprobó recientemente una serie de disposiciones migratorias ante el aumento de solicitudes de refugio.
Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Costa Rica fue la cuarta nación del mundo que recibió más solicitudes de refugio per cápita durante el último quinquenio, después de Estados Unidos, Alemania y México, pero su situación económica y estrechez fiscal, junto al flujo migratorio masivo, limitan su capacidad de acción y ponen en riesgo la cobertura adecuada de las personas que buscan refugio.
Al respecto, el mandatario tico ha dicho que su país “ha abierto sus brazos, corazones, su sociedad e instituciones a refugiados políticos de otros países, porque nosotros creemos en la libertad y, sobre todo, en la democracia”, pero “no podemos seguir pagando ni aceptando gente que no sean refugiados políticos”.
A finales de noviembre, el gobierno aprobó modificaciones a su reglamento de refugio sobre el otorgamiento de permisos laborales y a la categoría especial temporal para personas nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
¿En qué consisten las disposiciones?
El primer decreto es una reforma al Reglamento de Refugio, la cual determina que no se otorgarán permisos laborales a las personas solicitantes de forma inmediata, sino que deberán cumplir con el procedimiento interno que establezca la institución y que se comunicará oportunamente.
A quienes ya se les fueron otorgados los permisos, se les renovará solamente si la persona cuenta con la inscripción a la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S).
De igual manera, toda nueva solicitud de protección internacional deberá ser presentada dentro de un mes natural a partir del día de su ingreso al país sin necesidad de solicitar cita, deberá presentarse personalmente.
Para ello, la persona debe venir de su país de origen directamente, en caso de no ser así, deberá justificar las razones por las cuales no solicitó dicha protección en el país en el que se encontraba.
Además, los solicitantes de refugio ya no podrán salir de Costa Rica por ningún motivo, mientras su solicitud se encuentra en trámite. De hacerlo, se entenderá como un abandono del proceso y se archivará en forma definitiva.
El segundo documento corresponde a la Categoría Especial Temporal para Personas Nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela, la cual entraría a regir el 1 de marzo del 2023.
Según un comunicado de la Presidencia de Costa Rica, “la misma se realiza con el fin de liberar el sistema de refugio, el cual ha sufrido un uso abusivo de la figura que afecta negativamente a las personas solicitantes de refugio que verdaderamente son meritorias de la protección internacional y que deben esperar por meses e incluso años para contar con una resolución sobre su estatus de persona refugiada”.
A la fecha, la Dirección General de Migración y Extranjería ha recibido 222.056 solicitudes de refugio desde 2018, de ellas, 172.689 se encuentran aún pendientes de resolver. De igual forma, la institución ha detectado que entre un 80% y 90% de las personas que solicitan refugio no califican dentro de la definición de esta protección internacional, incluyendo migrantes económicos o que llevan años viviendo en el país y nunca se han regularizado.
Organizaciones muestran su preocupación
Al respecto, Marcia Aguiluz, directora del Departamento Legal del organismo internacional Women’s Link Worldwide, dijo que es entendible que el gobierno de Costa Rica quiera llamar la atención de la comunidad internacional, porque hay una responsabilidad colectiva, “pero las formas cuentan y estos discursos tan incendiarios, tan estigmatizantes, tienen consecuencias y eso es lo que no se vale”.
También, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), con sede en Costa Rica, presentó a inicios de semana un análisis del impacto de los decretos presidenciales en detrimento de los solicitantes de refugio.
La directora del CISAS, Ana Quirós, dijo que lo que le llenó “de muchísima rabia es que el presidente vierte una serie de declaraciones o afirmaciones, prácticamente diciendo que los que vienen son una partida de mentirosos y que no están huyendo, sino que vienen para trabajar”.
La defensora de derechos humanos agregó que “evidentemente vienen para trabajar porque no van a vivir del aire y ojalá que consigan trabajo, pero no fue esa la motivación para salir de Nicaragua, porque quienes hemos salido sabemos que no lo hicimos por voluntad propia, lo hicimos forzados por la situación”.
Durante su última actualización sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo que el clima de opresión en el país centroamericano no ha hecho más que intensificarse en los últimos meses.
“El número de personas detenidas arbitrariamente por expresar sus puntos de vista políticos o por ser vistos como críticos al Gobierno pasaron de 195 en septiembre a 225 hoy en día (26 de ellas mujeres y 199 hombres)”, dijo.
