Ciudad de Panamá — Luego de tratar de renegociar sin éxito con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum , un nuevo contrato para la explotación de cobre y otros minerales, plazo que venció este 14 de diciembre, el gobierno panameño anunció el cierre de operaciones de la empresa.
En un mensaje dirigido al país, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, dijo que “no es aceptable” que Minera Panamá no honrara lo acordado en enero pasado, como conclusión de la negociación del nuevo contrato, por lo que instruyó a los ministros de Ambiente y de Trabajo para la preservación de cuidado y mantenimiento ambiental del proyecto minero.
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Acto seguido, se publicó en la Gaceta Oficial la resolución de Consejo de Gabinete en el que se indica que finalmente se acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional, por leonino al Estado, el contrato ley 9 de 1997 que ampara la operación extractiva en 13 mil 600 hectáreas. Este fallo se emitió en diciembre de 2017 y no es hasta ahora, tras la fallida renegociación del contrato, que se decide acatarlo.
“Que, en virtud de los efectos jurídicos del derivado fallo de inconstitucionalidad, ya mencionado, la operación de Minera Panamá, en el proyecto Cobre Panamá, no está amparada por un contrato de concesión vigente y su renuencia a suscribir un nuevo contrato, según el compromiso adquirido en el mes de enero 2022, atenta contra el bienestar social y el interés público de la República de Panamá” , cita la resolución.
En el documento se instruye a los ministros de Trabajo y de Ambiente para adoptar las medidas para hacer cumplir el fallo de inconstitucionalidad del 21 de diciembre de 2017, proferida por el pleno de la CSJ contra la Ley 9 de 1997.
“El Gobierno de Panamá y MPSA (Minera Panamá S.A.) no pudieron llegar a un acuerdo antes de la fecha límite del 14 de diciembre impuesta por el gobierno. El paquete económico propuesto por MPSA convertiría a Cobre Panamá en uno de los mayores pagadores de regalías e impuestos entre las grandes minas productoras de cobre en las Américas”, indicó por su parte un comunicado de First Quantum Minerals.
La comunicación de la minera canadiense añade que “el paquete económico fue pactado en casi todas las cláusulas e incorporó los acuerdos en principio realizados a principios de este año, incluyendo un aporte de $375 millones en beneficios anuales con protecciones mutuamente acordadas. MPSA cree que su propuesta logra los objetivos de ingresos del Gobierno de Panamá y proporciona las condiciones necesarias para asegurar el futuro a largo plazo de la mina. Sin embargo, no se pudieron acordar las protecciones legales necesarias sobre terminación, estabilidad y arreglos de transición. MPSA permanece disponible y abierta a un diálogo más constructivo”.
Las inconsistencias
Para el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) todo se trata de una incongruencia y “ahora se prioriza el cumplimiento de un fallo que hasta días antes no tenía, según el gobierno y la empresa, ningún impacto sobre el contrato administrativo”, dijo Joana Ábrego, abogada de esta entidad, organización que demandó el contrato por inconstitucional.
Además, se demuestra que Panamá no está preparada para manejar una industria tan poderosa y peligrosa para el ambiente y la salud humana, como la minería metálica, expuso la organización ecologista, que pidió que se cumpla lo solicitado por los panameños en el Pacto del Bicentenario: establecer una moratoria permanente a la minería.
La situación, resaltó el Constitucionalista panameño Miguel Antonio Bernal, pone en evidencia el pseudo constitucionalismo que se vive en Panamá, , porque la Corte declaró su inconstitucionalidad, pero no se hacía efectivo el fallo.
La decisión tomada por el Consejo de Gabinete “no es clara para saber lo que ocurrirá con la minera ni con Panamá, un país que no debería dedicarse a aceptar este tipo de negocios y se debería rechazar estos negocios que afectan el medio ambiente del país”, dijo Bernal a Bloomberg Línea.
La empresa no ha cumplido sus compromisos ambientales y nos llama la atención que el gobierno admita el fallo de la CSJ, un lustro después de haberse emitido. Me preocupa que así como se dio una negociación ilegal se hayan dejado de cumplir normas jurídicas para que la empresa firmara, consideró por su parte el experto en derecho ambiental Harley J. Mitchell
Insistió en que es imperativo presentar al país cómo la empresa manejaba los aspectos laborales, mineros y ambientales.