Ciudad de México — El proceso para disminuir las emisiones de CO2 avanza en México. Empresas de cinco estados ya pagan el impuesto al carbono y tres más están por ser parte de este proceso.
La subsidiaria de la Bolsa Mexicana de Valores, México CO2 y el programa México-UK PACT, informaron en una reunión con medios que Zacatecas, Tamaulipas, Querétaro, Yucatán y el Estado de México mantienen vigente la aplicación del impuesto mismo que promedia un monto de MXN$260 (aproximadamente US$13) por toneladas de carbono.
El impuesto recaudado no es aplicado a las arcas del Estado donde las empresas se encuentran, de acuerdo con los secretarios del medio ambiente de cada localidad. El dinero es utilizado para programas relacionados a disminuir el impacto ambiental, mismos que son definidos por cada entidad.
El objetivo es que las empresas se vuelvan competitivas y modifiquen los recursos utilizados que contaminen o procesos de producción para reducir el impacto ambiental.
El impuesto al carbono está vigente en México desde 2014 y es aplicado a la producción, importación y comercialización de combustibles fósiles destinados a procesos de combustión.
México es el único país de la región de América Latina y el Caribe que presenta impuestos subnacionales al carbono en operación, de acuerdo con el reporte, Impuestos al carbono en México: desarrollo y tendencias, fue financiado por el Programa UK-PACT del gobierno del Reino Unido.
El impuesto aún requiere de homologación; además, no todas las empresas de todas las industrias son aplicables de esta tributación ya que deben cumplir con una serie de requerimientos que establece cada estado.
“Tarde o temprano se van a homologar. Es parte del proceso”, dijo la directora general del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, Alba Aguilar.
De manera particular en Yucatán, la medida salió publicada en la Ley de Hacienda de 2021, pero comenzó a ser aplicada este año, de acuerdo con el director de planeación y Cambio Climático del Estado, Sergio Aguilar.
Dentro del proceso, se han encontrado que los empresarios y consultoras del estado desconocen el tema y lo confunden con un impuesto que sus contadores no pueden deducir.
“Actualmente tenemos al 70% de la industria, que identificamos como sujetos potenciales del impuesto, están reportando las emisiones”, mencionó Aguilar. Sin embargo, explicó que las empresas están bajo un esquema de compensación para evitar el desplazamiento hacia otros estados.
“De ese 70% cerca del 40% han aplicado algún tipo de deducción. Estamos en el análisis de datos para determinar cuánto es eso en toneladas y en montos porque el estimado que obtuvimos de recaudación fueron como MXN$130 millones”.
Funcionarios de Guanajuato detallaron que se espera que el impuesto sea implementado en junio del 2023. Por el momento, se encuentran en un periodo para analizar el trabajo y poder escuchar a las empresas.
En el caso del Estado de México, la regulación contempla la disminución de gases de efecto invernadero cuyas bases gravables son las fuentes fijas no federales de CO2, metano y óxido nitroso. El impuesto considera un pago de MXN$45 por tonelada de CO2 y el recurso será destinado a acciones que garanticen un medio ambiente sano.
El reporte detalla que se debe establecer cuál será el punto a regular y en dónde se implementará, ya que existen dos puntos a considerar. Por un lado, los impuestos sobre el contenido de carbono de combustibles fósiles y los impuestos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Una vez establecido, se considerarán tres elementos clave para establecer la base gravable: las emisiones.
“Se debe tener en cuenta los objetivos establecidos por el impuesto, el perfil de emisiones de la jurisdicción, el contexto energético y fiscal, y las capacidades existentes para la administración tributaria”, menciona el reporte.
Los otros dos elementos son las entidades cubiertas y los umbrales de cumplimiento.
Otros estados que mantienen vigente el impuesto al carbono son Baja California, pero permanece inactiva y Jalisco aún mantiene la discusión, pero busca aplicarla en las emisiones de gases de efecto invernadero en fuentes fijas mayores a 25.000 toneladas de CO2.
El impuesto está por definirse, pero se podrá deducir hasta un 45% y será utilizado para la reconversión tecnológica y para la conservación ambiental.
