Lima — El expresidente de Perú, Pedro Castillo, permanecerá detenido por la justicia peruana: un juez dio luz verde este jueves a la prisión preventiva por 18 meses contra el exmandatario, investigado por presunta rebelión tras el intento de un autogolpe de Estado en el país andino.
La decisión del Poder Judicial se da ocho días después del autogolpe de Estado perpetrado por Castillo, quien trató de cerrar el Congreso de la República e intervenir el sistema de justicia, en un caso que también involucra a los exfuncionarios Betssy Chávez, Willy Huerta y Aníbal Torres.
En el caso de Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, se dictó comparecencia restrictiva. La defensa tanto de Torres como Castillo apelarán contra lo dictaminado por la justicia peruana.
El juez Juan Carlos Checkey, a cargo de la resolución, explicó que los antecedentes del golpe de Estado en el que Castillo dispuso el cierre del Congreso, además de la intervención de organismos autónomos como el sistema judicial, fueron contra el orden constitucional del país.
Checkley agregó que el presunto delito de rebelión por el cual se está investigando a Castillo no implica violencia física de forma necesaria, por lo cual no sería un requerimiento que el expresidente se haya alzado en armas para cometer actos de rebelión contra la patria. Entre otros delitos imputados al exmandatario está el presunto abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública, además de posible conspiración.
Con respecto al presunto delito de rebelión que habría cometido Castillo, el juez precisó que hay elementos de convicción de que el mensaje a la nación que dio el exmandatario el miércoles 7 de diciembre fue el inicio de un plan para un golpe de Estado en Perú, que el expresidente finalmente no pudo concretar por causas ajenas (ni la Policía ni las Fuerzas Armadas acataron lo dicho por Castillo en su último mensaje como presidente).
Cabe recordar que Castillo podría ser condenado a un mínimo de 10 años en prisión de ser encontrado culpable del delito de rebelión.
Checkley también detalló que existen elementos de convicción de que Castillo planteaba fugarse hacia México para recibir asilo político de parte del país norteamericano, considerando las declaraciones tanto del canciller de México en Perú ofreciendo este asilo, la declaración de la escolta del expresidente, y las declaraciones que dio el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, a favor de Castillo.
En esa misma línea el juez consideró que el arraigo laboral de Castillo se encuentra disminuido, en medio de una grave acusación que podría dar mayores chances a que el investigado se dé a la fuga. A ello se suma las seis otras investigaciones que Castillo tiene en Fiscalía de la Nación por hechos presuntamente ocurridos durante su gobierno.
Checley añadió que Castillo mostró “una conducta obstruccionista y de fuga” desde el golpe de Estado que trató de perpetrar, y estimó que el pedido de 18 meses de prisión preventiva que solicitó la Fiscalía es razonable y proporcional con la investigación requerida.
La prisión preventiva se encontró fundada por diversos elementos de convicción, eventual condena superior a los cuatro años de pena privativa de la libertad y peligro procesal.
Desde la Diroes, donde se encuentra detenido Castillo en la ciudad de Lima, Castillo continúa detenido y ha recibido más de 140 visitas desde el 7 de diciembre que se encuentra recluido en dicho lugar.
Castillo Terrones viene usando su cuenta de Twitter para compartir cartas escritas desde la Diroes en respuesta a su detención, la cual ha considerado arbitraria e ilegal. El mandatario no ha reconocido haber ejecutado un autogolpe de Estado.
Mientras tanto, en Perú se desborda una crisis social y política desde el miércoles 7 de diciembre que ya deja un saldo de más de 15 muertos y al país entero en estado de emergencia, apenas unos días antes de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
En edición extraordinaria de El Peruano, el gobierno decretó el toque de queda en 15 provincias del país a raíz de las protestas y por un plazo de cinco días, con el objetivo de mitigar la situación que deja un saldo de graves heridos y fallecimientos.
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