Tegucigalpa — El Gobierno de Honduras y Naciones Unidas sellaron en las últimas horas un memorando de entendimiento para iniciar el proceso de establecimiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
La firma tuvo lugar en la sede central de Naciones Unidas en Nueva York con la presencia de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, y del secretario general de la organización, António Guterres.
En un tuit, la mandataria dijo que la comisión que se instalará será “independiente y justa” e investigará “las redes de corrupción público privadas de alto impacto, que han saqueado el país”.
La instalación de una misión internacional contra la corrupción en Honduras es una de las promesas que Castro hizo en su plan de gobierno y ratificó en su discurso de toma de posesión el 27 de enero pasado.
Para representantes de la sociedad civil, sector privado y cuerpo diplomático, la firma es un avance significativo. “Aunque hay mucho trabajo por delante en el 2023, este es un primer paso muy importante e histórico en la lucha contra la corrupción en Honduras”, dijo Laura F. Dogu, embajadora de Estados Unidos en Honduras.
Con la suscripción del memorándum de entendimiento inician los trabajos relativos al establecimiento de un mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo contra la corrupción y la impunidad en Honduras.
¿Cuáles serán las fases de la CICIH en Honduras?
Las partes firmantes expresaron su intención de implementar un enfoque de cooperación en fases.
La primera será que el Gobierno asiente los cimientos necesarios para el establecimiento de un mecanismo internacional independiente, autónomo e imparcial, demostrando el compromiso y voluntad política de las autoridades con el fortalecimiento de un sistema de justicia independiente.
Esta incluye el envió de un equipo de expertos de las Naciones Unidas a Honduras, sujeto a los mandatos y atribuciones existentes de la ONU, compuesto inicialmente de expertos en el sistema penal, en la adopción e implementación de reformas legales, en el análisis de información -incluida la información financiera- y en el sistema jurídico hondureño.
En ella, el equipo de expertos brindará asistencia técnica para iniciar la investigación, enjuiciamiento y combate contra la impunidad y la corrupción público-privada de alto impacto, incluidos los tres poderes y demás instituciones del Estado. Además, evaluará, según corresponda, los procedimientos para recabar la información destinada al trabajo del mecanismo.
La primera fase buscará: evaluar instrumentos, instituciones y capacidades nacionales existentes para la lucha contra la impunidad y la corrupción y su enjuiciamiento, incluido en relación con el ejercicio independiente de la acción penal pública.
También, en colaboración con otras entidades del sistema de Naciones Unidas, brindar apoyo y asistencia técnica en la formación y entrenamiento del personal a cargo de la investigación, enjuiciamiento y combate contra la impunidad y la corrupción público-privada de alto impacto, incluidos los tres poderes y otras instituciones del Estado.
Además, determinar actuaciones, fortalezas y debilidades del Ministerio Público y el sistema judicial; e identificar, en coordinación con el gobierno, las reformas constitucionales, legales y administrativas necesarias dentro del orden jurídico de Honduras, así como brindar acompañamiento y asesoramiento en su implementación, para el establecimiento y buen funcionamiento del mecanismo internacional, imparcial, independiente y autónomo contra la impunidad y la corrupción.
La segunda fase empezaría con la ratificación del convenio bilateral negociado entre las Naciones Unidas y el Gobierno a través del cual se establecería formalmente el mecanismo. La misma sería gradual, comenzando por definir de común acuerdo, los términos de referencia para la selección del liderazgo idóneo del titular del mecanismo, así como su equipo de trabajo; contrataciones y financiamiento.
Asimismo, se procederá a definir la localización de las oficinas para que el mecanismo pueda operar, los protocolos de trabajo y la selección de casos de redes de corrupción público-privada de alto impacto.
Una comisión anterior
En enero de 2016, por convenio entre el presidente Juan Orlando Hernández y la Organización de Estados Americanos (OEA) se instaló en el país la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
La misma reveló 14 casos de corrupción de alto impacto, incluyendo algunos que vinculaban a líderes del entonces oficialista Partido Nacional. Cuatro años más tarde, la administración gubernamental tomó la decisión de no renovar el contrato con la OEA y no darle continuidad a la MACCIH.
