Buenos Aires — La Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestaron su “preocupación” por el impacto que tendrá la obligación de pagar un bono de fin de año de $24.000 para los trabajadores del sector privado, ya que las grandes empresas deberán hacerse cargo de financiarlo en un 100%.
En un comunicado, los industriales advirtieron sobre el efecto en el segmento productivo: “Actualmente, la industria cuenta con más de 800 convenios colectivos en plena vigencia, acuerdos que son fruto del consenso entre trabajadores y empresarios”.
Desde el Ministerio de Trabajo indicaron a Bloomberg Línea que el Estado solo financiará una parte de lo que les corresponda pagar a las a pymes y micropymes. De ese modo, les ofrecerá a estas empresas un descuento del 50%, de hasta $12.000, sobre el pago que deban hacer en concepto de Ganancias.
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El reclamo de la UIA
Ante este escenario, la UIA argumentó que “durante 2022, las negociaciones paritarias se han reabierto y han funcionado como un mecanismo eficaz para dar respuesta al problema de la inflación”.
“La metodología dispuesta por el Gobierno afecta esa dinámica de recomposición del poder adquisitivo de los salarios, generando distorsiones e imprevisibilidad al funcionamiento de uno de los activos más importantes que trabajadores y empresarios industriales acuñamos durante años: las paritarias”, sostuvo la UIA.
Además, insistió: “Las negociaciones colectivas y las reaperturas de paritarias en la industria permitieron consensuar bonos u otras formas de adicionales que, a la luz de la metodología dispuesta por el Poder Ejecutivo, se superpondrán con los que la norma en cuestión otorga”.
“Profunda preocupación” en la CAC
La CAC se sumó al reclamo y expresó también su “profunda preocupación” ante la decisión del Gobierno de otorgar el bono para trabajadores en relación de dependencia con ingresos netos de hasta tres salarios mínimos.
“La Entidad comprende las motivaciones de tal decisión y comparte el interés por recomponer el poder adquisitivo de los asalariados. Sin embargo, está convencida de que el ámbito de determinación de ajustes en las remuneraciones del sector privado deben ser las negociaciones paritarias”, apuntó.
Si bien destaca como “positivo” que en el caso de las pequeñas y medianas empresas se prevea que el 50% del pago del bono pueda deducirse de los anticipos del Impuesto a las Ganancias, advirtió que pagar el bono en diciembre “mes del que ya han transcurrido dos semanas y en el que las empresas deben también hacer frente al pago del medio aguinaldo”, representa “una dificultad significativa para numerosas firmas, particularmente las pymes, que cuentan con menor margen para hacerse de liquidez”.
