Ciudad de Panamá — El plazo advertido venció. Era ayer, 14 de diciembre, para que Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals, LTD. firmara su nuevo contrato con el Estado y no hubo acuerdos. Esta mañana la Presidencia de la República comunicó que se efectuará una reunión de gabinete extraordinaria para abordar el tema y se anunciarán las medidas a seguir.
La fecha se pactó con base al acuerdo entre las partes, en enero 2022, según el comunicado oficial, en el que Minera Panamá aportaría al Estado panameño un mínimo de US$375 millones anuales y mejoraría las condiciones laborales, de protección al medio ambiente y de apoyo a las comunidades aledañas al proyecto.
“Como muestra de nuestra voluntad y compromiso de firmar un contrato final, el gobierno de Panamá puso, 24/7 un equipo de negociación a disposición de Minera Panamá en las últimas cuatro semanas. Lamentablemente, durante este periodo la empresa minera manejó la situación con discusiones prolongadas, presentando exigencias irrazonables, que en vez de acercarnos a los puntos originales del acuerdo alcanzado en enero, nos han alejado más de ellos”, cita un comunicado de la Presidencia de la República.
Los personeros del gobierno mantuvieron comunicaciones hasta las 6:00 a.m. de este jueves y la empresa en lugar de firmar lo que según el Ejecutivo estaba pactado en enero, presentó otra propuesta que cambiaba lo acordado económicamente a las 6:16 a.m., medida que fue calificada por la Presidencia panameña como “lamentable”.
Precisamente, el punto más álgido del debate ha sido las regalías por la extracción de cobre, trazadas originalmente en 2% según el contrato ley de 1997 y que la administración del mandatario Laurentino Cortizo propuso elevar entre 12% y 16%, garantizando el aporte mínimo citado de US$375 millones.
La Presidencia de la República recordó en su pronunciamiento que la Constitución Política señala que las concesiones del subsuelo son para el bienestar público y que las autoridades han trabajado en pro de esa premisa respecto a la negociación del contrato que le permite a First Quantum extraer cobre, oro, plata y molibdeno en una concesión de 13 mil 600 hectáreas ubicadas en la atlántica provincia de Colón.
Este contrato fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia el 21 de diciembre de 2017. Desde septiembre del año pasado se iniciaron las conversaciones del nuevo contrato y el 13 de enero de 2022 el gobierno de Panamá hizo una propuesta final a Minera Panamá, que fue aceptaba por escrito por la minera el día 17 de ese mes, según el Ministerio de Comercio e Industrias.
El “engaño”
“Se ha mantenido engañado al país, nunca hubo un acuerdo, a pesar de que se afirmó que habían cerrado un acuerdo exitoso por las partes, asegurando a los medios de comunicación y a la ciudadanía que solo estaban redactando”, manifestó Lilian Guevara, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam).
Además, agregó que Minera Panamá muestra, una vez más, su falta de seriedad al desconocer la aceptación previa y el gobierno vuelve a prometer otras acciones sin que le den la validez y el efecto que siempre ha tenido el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, los gremios empresariales favorecen el proyecto, tal y como lo afirma la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, quien hizo un llamado para “reconducir” las negociaciones “enfocándose en fórmulas ganar – ganar, a través de las cuales se logre un balance justo que reconozca al Estado lo merecido, y a la empresa un beneficio que tome en cuenta las condiciones y los riesgos asociados a la actividad que desarrolla”.
De lo contrario, advierte la entidad gremial, se corre el riesgo de aniquilar una actividad que representa el 3.5% del Producto Interno Bruto del país, lo que pone en juego no solo la inversión que el propio Estado promovió, sino el futuro de una actividad económica que, bien desarrollada, puede ser instrumental para los panameños.
En su último comunicado, el pasado 12 de diciembre, Minera Panamá anunció que la empresa espera que las negociaciones puedan llegar a buen término y que han efectuado la mayor inversión del país, con 6 mil millones de dólares, y que aportan 40 mil empleos, además de los programas sociales que adelanta.
Empleados cuestionan
El mayor argumento de la empresa es su aporte económico y la generación de empleos, aspectos con los que trata de contrarrestar las críticas por la explotación a cielo abierto en una zona declarada protegida por su riqueza en biodiversidad y que conecta con otras zonas de reserva ambiental para conformar una franja denominada Corredor Biológico Mesoamericano, que va por todo Centroamérica.
El Sindicato Industrial de Trabajadores de la Construcción de Minas y Desarrollo de la Minería y Afines (STM) indicó que la minera tiene antecedentes de no cumplir sus compromisos laborales y que la tensión entre el gobierno y la minera por la negociación del contrato les genera incertidumbre.
Los trabajadores han visto desmejorada su situación económica, alegando que se ha eliminado el bono de productividad y la estabilidad, por lo que el sindicato solicitó un pronto acuerdo entre las partes y que se salvaguarden los empleos, así como el interés nacional.
Con 3.000 millones de toneladas de reservas probadas y probables, Cobre Panamá, el nombre del proyecto extractivo de Minera Panamá, es una de las mayores minas de cobre nuevas abiertas en todo el mundo en la última década, indica la compañía en su portal.
La producción comercial comenzó en 2019 y, a plena capacidad actual, la planta producirá más de 300.000 toneladas de cobre al año junto con oro, plata y molibdeno.
Zambia “abofetea” a First Quantum
La agencia tributaria de Zambia le había abofeteado con una factura de 76.500 millones de kwachas zambianos (US$8.040 millones) por derechos de importación impagados, un golpe potencialmente enorme para la minera canadiense que obtiene la mayor parte de sus beneficios en el país del sur de África, indica una noticia de la agencia Reuters
First Quantum, que posee dos minas de cobre en Zambia y tiene un valor de mercado de US$11.000 millones, negó que debiera esos fondos. La masiva evaluación fiscal se produce en un momento en que los gobiernos anfitriones, incluidos los de Indonesia, Tanzania y la República Democrática del Congo, están exigiendo una mayor tajada de los ingresos de los mineros, en medio del aumento de los precios de las materias primas.