Bogotá — Con varias ideas de reformas, el Gobierno tiene una muy importante en el radar. Relacionada a temas laborales, el presidente Petro quiere, entre otras cosas, decirle adiós a los contratos de prestación de servicios que, aunque tendría pros, traería varias implicaciones negativas para la economía nacional.
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El presidente colombiano ha dicho en varias ocasiones que los contratos de prestación de servicios representan “una relación laboral mentirosa” para “sobreexplotar” a los trabajadores y por ende este esquema “debe pasar a la historia”.
Según datos de Función Pública, en el país hay 1,3 millones de servidores públicos y por otro lado, se estima que este año hay más de 900.000 contratos de prestación de servicios los cuales podrían ir transitando a plantas temporales para que cuenten con todos los beneficios de ley.
Sin embargo, hay otras estimaciones que indican que más de 2,5 millones de empleados del sector público cuentan con contrato de prestación de servicios.
¿Qué implica decirle adiós a este tipo de contratos?
“Los contratos de prestación de servicios son una figura fundamental para facilitar cierto tipo de trabajos que no requieren una relación permanente entre empleado y empleador”, expuso Manuel Férnandez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes.
El docente de los Andes agregó que el principal problema es que la función de los contratos de prestación de servicios se ha desnaturalizado en el país. “Muchas personas son contratadas bajo esta modalidad cuando, por las funciones que desempeñan, deberían estar bajo contratos permanentes”.
Los contras
- Le quitaría flexibilidad al mercado laboral, lo que podría aumentar el desempleo, pues habrá empresas que no asumirán los costos de una contratación laboral, además hay oficios y profesiones que requieren la flexibilidad de un contrato de prestación de servicios porque realizan un producto o proceso puntual, explicó Luz Karime Abadía, directora de posgrados en economía de la Universidad Javeriana.
- Desincentivaría relaciones laborales que son necesarias, con efectos negativos para el empleo y la producción, aseguró Fernández, de los Andes.
- El sector público tendría que asumir un mayor gasto de funcionamiento para lo cuál es clave saber de dónde van a salir los recursos adicionales que se requerían, agregó Abadía.
- Tendría efectos en la tributación del país y podría afectar negativamente la distribución del ingreso, pues por ejemplo los contratos de prestación de servicios de alta remuneración, que actualmente pagan el impuesto al valor agregado ya no pagarían, y personas de bajos ingresos que no pagan actualmente retención en la fuente tendría que pagar, resaltó la experta de la Javeriana.
- Se seguirían desconociendo otras realidades laborales del país en las que no a todos les convienen las condiciones de un contrato de planta, se asumiría que todos deben trabajar de 8 a 5 en una oficina y esas condiciones funcionan bien en las ciudades, pero no en todos los lugares del país.
- Se crearían más incentivos a la informalidad laboral por el aumento en los costos de contratación, cuando hay servicios que se requieren por una temporada y no de caracter permanente.
“Un punto para revisar son los costos no-salariales a cargo del empleador, y ciertas inflexibilidades que generan los contratos permanentes, que hacen inviables en ciertos casos la contratación formal”
Manuel Fernández.
Desde otra perspectiva, Mauricio Olivera, vicerrector de los Andes y exviceministro de Trabajo, comentó que después de la crisis del 99 el país sacó una ley “en donde se prohíbe el crecimiento de la nómina del sector público”, sin embargo, el país ha crecido y las necesidades del Estado también, pero como la nómina no puede crecer, la gente ha entrado por prestación de servicios.
“Lo peor de esto es que esta planta (nuevos trabajadores) como no se puede meter vía gasto de funcionamiento se va por gasto de inversión” quitándole recursos a otras inversiones que son necesarias para que el país avance en su desarrollo, por ejemplo. “Es un tema complejo y largo, llevamos con esto 22 años, muy difícil resolverlo en un año. Es importante, pero toma tiempo”, agregó Olivera.
Los pros
El principal beneficio que ven los expertos consultados por Bloomberg Línea es que se mejoraría la calidad del empleo de algunas personas que las contratan bajo la modalidad de prestación de servicios. Tendrían acceso a primas laborales, vacaciones pagas, cesantías, entre otros.
No obstante, para Luz Karime Abadía, “lo que se debe hacer es revisar las condiciones bajo las cuales debería aplicar este tipo de contratación y las condiciones bajo las cuélales no, de manera que se garantice la calidad del empleo de algunas personas que realmente hacen labores y tienen condiciones que requieren un contrato laboral, al tiempo que da la posibilidad a personas y empresas de contratar los servicios que requieren”.
