Bloomberg — El Parlamento Europeo destituyó este martes a Eva Kaili, una de sus vicepresidentas, mientras el escándalo de corrupción relacionado con Catar sigue en el ojo del huracán.
Kaili, legisladora griega y vicepresidenta del Parlamento, fue destituida de su cargo tras ser imputada en la investigación en la que la policía belga se ha incautado de 750.000 euros (US$ 793.090), además de varios cientos de miles de euros más metidos en una maleta. Antonio Panzeri, ex diputado italiano, también ha sido detenido, según los medios de comunicación.
La policía belga registró el lunes el Parlamento para incautarse de los datos de 10 miembros del personal parlamentario que habían sido congelados para evitar su desaparición, según un comunicado de la fiscalía belga. En total se han llevado a cabo 20 registros en el marco de la investigación, algunos de ellos en Italia.
“No dejará piedra sobre piedra”
La Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, declaró a la prensa el martes que “no dejará piedra sobre piedra” en la lucha contra los esfuerzos de terceros países por influir en las acciones del poder legislativo. Añadió que no quiere que la investigación y sus consecuencias “empañen una institución que ha luchado con tanto orgullo por el Estado de Derecho y contra la corrupción”.
Se espera que la investigación salga a relucir cuando los líderes de la Unión Europea se reúnan en Bruselas para celebrar una cumbre el jueves, según informaron fuentes oficiales.
La policía federal belga ha encabezado hasta ahora 20 registros en casas y apartamentos de legisladores y ayudantes a partir del viernes en una investigación que, según los fiscales, implicaba el pago de grandes sumas de dinero para influir en las decisiones del Parlamento Europeo. Qatar y Marruecos fueron citados en algunos de los documentos legales, según una persona familiarizada con el asunto. Cuatro personas fueron acusadas de corrupción y blanqueo de dinero.
La investigación pone a Catar en el punto de mira, ya que acoge la Copa del Mundo de fútbol y está siendo cortejado por gobiernos europeos deseosos de aumentar sus compras de gas natural. Los investigadores sospechan que los pagos formaban parte de un esfuerzo más amplio de Catar por mejorar su imagen en medio de duras críticas por sus prácticas laborales y de derechos humanos, según los medios de comunicación.
Un funcionario Catarí declaró que el gobierno rechazaba cualquier relación con las acusaciones de mala conducta y que cualquier asociación con las mismas carece de fundamento.
--Con la colaboración de Jorge Valero.
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