El Poder Judicial de Perú declaró infundada la apelación interpuesta por la defensa de Pedro Castillo Terrones, expresidente de Perú, tras su detención preliminar por el presunto delito de rebelión, luego de que el mandatario tratara de ejecutar un autogolpe de Estado en el país andino.
La decisión fue anunciada por el juez César San Martín, de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Mientras se leía la resolución sobre la apelación por la detención preliminar, San Martín destacó que en este caso se cumplen con los requisitos de detención en flagrancia delictiva y consideró adecuado el plazo de siete días.
El pasado 7 de diciembre Castillo quiso disolver el Congreso de la República, reestructurar el Poder Judicial y llamar a elecciones congresales, entre otras exigencias, antes de que el Parlamento debatiera la moción de vacancia presidencial en su contra. Las acciones de Castillo no fueron reconocidas por los poderes del Estado peruano, y el Congreso procedió a destituirlo con 101 votos a favor.
Posterior a la destitución, Castillo Terrones fue detenido y transportado a la Diroes, una unidad élite de la Policía Nacional de Perú. Desde el miércoles 7 de diciembre Castillo permanece detenido en esta sede, ubicada en el distrito de Ate.
Durante la lectura de la decisión del Poder Judicial, San Martín apuntó que la rebelión no necesariamente implica el alzamiento en armas y su ejecución; más bien, agregó que significa despojar del cargo a personajes que ejercen representación en el poder o impidiendo que realicen las facultades que les fueron otorgadas de manera constitucional.
Según San Martín, a Castillo se le atribuye el presunto delito de rebelión y alternativamente conspiración por la disolución del Congreso que el expresidente peruano comunicó en su último mensaje a la nación, así como la reorganización del sistema de justicia y el toque de queda.
El juez precisó que lo dicho por Castillo la semana pasada “no es el mero habla sino de una voluntad de alteración” del orden constitucional de Perú. Sin embargo, refirió que aún falta información para determinar los pormenores del caso.
San Martín también sostuvo que existe la posibilidad de que Castillo cometiera un delito y que se puede percibir el impacto por haber sido entonces una máxima autoridad del Estado. Añadió que este delito tiene un mínimo de 10 años de pena en la cárcel y posiblemente cinco años en el mejor de los casos.
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