Ciudad de Panamá — La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá pidió al gobierno “reconducir” la negociación que adelanta con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals Ltd, bajo el enfoque de “ganar-ganar” y lograr un balance justo que reconozca al Estado lo merecido, y a la empresa un beneficio que tome en cuenta las condiciones y los riesgos asociados a la actividad que desarrolla.
Advierte que, de lo contrario, se corre el riesgo de aniquilar una actividad que representa el 3.5% del Producto Interno Bruto del país, “estando en juego no solo la inversión que el propio Estado promovió, sino el futuro de una actividad económica que, bien desarrollada, puede ser instrumental para los panameños”.
El gobierno nacional informó el viernes mediante un comunicado del Ministerio de Comercio e Industrias que las negociaciones para la celebración de un nuevo contrato con Minera Panamá “no han avanzado lo suficiente y se encuentran estancadas”.
Minera Panamá, de acuerdo con la información gubernamental, debe firmar un acuerdo a más tardar el 14 de diciembre de 2022, o el gobierno procederá con “medidas alternas”, que no se explican, para la operación de la mina.
En enero, la empresa aceptó una propuesta gubernamental de pagar un aporte anual mínimo de US$375 millones al Estado, como parte de las acciones para lograr un nuevo contrato.
Dos meses después, en un mensaje a la Nación, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, informó sobre los avances en el proceso del nuevo contrato, e incluso señaló que el 50% de los ingresos mínimos anuales por la extracción de cobre que realiza Minera Panamá serían destinados a la Caja de Seguro Social, para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte.
De acuerdo con el reciente comunicado oficial, el gobierno reitera que cualquier contrato nuevo debe reflejar fielmente el acuerdo entre Minera Panamá y el Gobierno Nacional en enero de 2022, afirmando que “solo aceptaremos un acuerdo que sea justo para el pueblo panameño y consistente con los estándares internacionales”.
Cuando el gobierno anunció en enero de 2022 la realización de un acuerdo con Minera Panamá, sostiene la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, lo consideramos un hito importante para la República por tratarse de una actividad económica que representa una fuente significativa de riquezas para el país, al igual que para las cuarenta mil familias panameñas cuyo sustento diario depende de esta actividad.
No obstante, aduce que casi un año después “vemos con preocupación el giro errático que han tomado las negociaciones necesarias para formalizar dicho acuerdo; poniendo de un lado al Estado panameño, quien busca obtener los ingresos justos que le corresponden por su recurso mineral; y del otro a una empresa extranjera que, hace una década, vio a Panamá como un puerto seguro para invertir, realizando la mayor inversión extranjera privada en la historia del país”.
La posición del gremio empresarial, que lleva la firma de su presidenta Marcela Galindo De Obarrio, afirma que entendiendo que las negociaciones han sido complejas, los últimos comunicados gubernamentales nos dejan con más preguntas que respuestas sobre el futuro del proyecto, y las consecuencias tanto económicas como reputacionales que podría afrontar el país en caso de cumplirse la fecha límite sin haber llegado a un acuerdo.
En este proceso, señala finalmente el ente de empresarios, los grandes ganadores deben ser los panameños, por lo que apelamos a las partes para que sopesen lo antes mencionado, y logren un desenlace satisfactorio que garantice mejores días para Panamá.
Minera Panamá opera la extracción de cobre y otros minerales como oro, plata y molibdeno en una concesión de 13 mil 600 hectáreas en la provincia de Colón mediante su contrato ley 9 de 1997 que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia mediante el fallo de 21 de diciembre de 2017.
A pesar del fallo, la actual administración designó un equipo negociador en septiembre de 2021 para hacer un nuevo contrato “que garantice los intereses nacionales”, según dijo el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y en enero pasado se anunció la conclusión de las mismas.
Sin embargo, no se sabe qué ocurrió en el camino, pero el último anuncio gubernamental que anuncia “medidas alternas” en caso de que la filial de First Quantum no firme su contrato a más tardar el 14 de diciembre es opuesto a las pasadas comunicaciones.
La operación se efectúa en una zona declarada protegida por su gran biodiversidad y conforma el Corredor Biológico Mesoamericano, y además de la polémica por el manejo ambiental se debaten los aportes económicos, toda vez que el contrato original establece regalías del 2% y el Estado le ha propuesto a la minera regalías entre 12% y 16% de la ganancia bruta y pago de impuesto sobre la renta.
Este lunes, la minera informó que se encontraba trabajando con las autoridades para concluir con el nuevo contrato en el plazo comunicado por el gobierno panameño y que el pasado 9 de diciembre presentaron su última propuesta que asegura el futuro del proyecto extractivo y también los ingresos al país, en beneficio de ambas partes, según el comunicado de First Quantum.
La noticia fue actualizada el 12 de diciembre a las 3:30 pm, a raíz del comunicado de la empresa First Quantum.
