Lima — El ahora expresidente del Perú Pedro Castillo fue detenido el 7 de diciembre, luego de intentar cerrar el Congreso, en lo que fue considerado un autogolpe de Estado. En ese contexto, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de juez Juan Carlos Checkley, dispuso siete días de detención preliminar contra el hasta ayer mandatario del país.
Cabe señalar que, según informó propio Poder Judicial de Perú, Castillo es investigado por el delito de rebelión y, alternativamente, de conspiración.
En la resolución magistrado también dispuso que el plazo de detención judicial es vigente del 7 al 13 de diciembre de 2022.
En la audiencia, el fiscal supremo Marco Huamán fundamentó el pedido de que el expresidente siga detenido en que la policía detuvo a Castillo cuando se dirigía a la embajada de México en Lima “con el fin de refugiarse y fugar del país”.
La decisión de Castillo de suspender el Congreso, reescribir la Constitución, ordenar un toque de queda y reorganizar los tribunales “tipifica el delito de rebelión”, afirmó Huamán durante la primera presentación del derrocado presidente ante un juez tras el intento de golpe del miércoles, añadiendo que podría escapar si no es detenido. El sospechoso hallado culpable de tal delito “será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años”, dijo Huamán.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmó en una rueda de prensa el jueves que Castillo se había puesto en contacto con su oficina y se dirigía a la embajada, pero las autoridades peruanas y los ciudadanos bloquearon el acceso. López Obrador le había dicho a su canciller que se asegurara de que la embajada estuviera lista para recibir a Castillo.
Castillo, de 53 años, pasó la noche en el centro en el que también está recluido el expresidente Alberto Fujimori, autor del anterior golpe presidencial en Perú en 1992.
El abogado defensor de Castillo, Víctor Pérez, afirmó que su defendido no emprendió un levantamiento armado y aclaró que no existe riesgo de fuga.
Añadió que “tampoco hay documentos firmados que demuestren que ordenó formalmente la disolución del Congreso, tal como había anunciado en un video difundido antes de su destitución”.
