San Pedro Sula — Centroamérica, a pesar de ser considerada como una unidad económica, se caracteriza por poseer no solo idiosincrasias locales muy distintas, sino marcos jurídicos y sistemas fiscales independientes y diferentes entre sí.
Para quienes realizan negocios en la región, el componente tributario se consolida como uno de los elementos de mayor análisis, dado el desarrollo de una constante vorágine recaudatoria de cada país y, aunque existe cierta similitud entre algunos elementos tributarios locales, la ausencia de normativa regional armonizada hace necesario tomar en consideración las especificaciones de cada sistema tributario, así como de la específica práctica local.
Al respecto, la firma Consortium Legal ha lanzado la segunda edición del estudio Tendencias Fiscales en Centroamérica, en el que describe a nivel general cada uno de los sistemas fiscales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
“Desde el año pasado estamos preparando esta documentación y publicación que esperamos ir compartiendo año con año, que permita a los empresarios y abogados encargados de la práctica fiscal interna de sus empresas, participar en la toma de decisiones con información actualizada” dijo Diego Salto, socio de Consortium Legal en Costa Rica, durante una presentación virtual de la publicación.
Valoraciones en el norte de Centroamérica
En Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) implementó este año un plan de fiscalización institucional, el cual está integrado por 18 programas que priorizan la ejecución de auditorías de forma más asertiva, especialmente utilizando herramientas electrónicas.
Dentro de las actividades que hizo la SAT para el aumento de recaudación fue el acercamiento con los contribuyentes para resolver los conflictos tributarios, previo a una notificación de ajuste. Además, siguió con el programa de mesas de diálogo, en donde se han expuesto prácticas que, de acuerdo con las autoridades tributarias, causan detrimento a la recaudación o pueden ser consideradas defraudatorias.
En El Salvador, el ejercicio fiscal 2022 se convirtió en un punto de transformación para diversos cambios relativos al ámbito tributario, tanto para las sociedades como para las personas naturales.
El primero está enfocado en la homologación de documento único de identidad con el número de identificación tributaria; segundo, nuevos tribunales contencioso-administrativos; el tercero en la amnistía tributaria aprobada en agosto de 2022; el cuarto, la Ley de Fomento e Incentivo para la Importación y Uso de Medios de Transporte Eléctricos e Híbridos; y el quinto, la facturación electrónica.
Además, durante este año, han tenido relevancia que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el cobro que algunas municipalidades efectúan en concepto de Licencia de Funcionamiento para las instituciones bancarias y de crédito, señalando que la municipalidad es incapaz de autorizar el funcionamiento de estas entidades, pues dicha atribución le corresponde a la Superintendencia del Sistema Financiero.
También ha influido el avance en la integración aduanera entre El Salvador, Guatemala y Honduras; y el impuesto a la contratación, extensión, renovación o modificación de seguros y las tasas por servicios del Cuerpo de Bomberos de El Salvador.
En Honduras, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) realizó en mayo de 2022 la reclasificación de los obligados tributarios con base en los criterios de recaudación de tributos internos, ingresos brutos gravados, débito fiscal en impuesto sobre ventas (ISV), total de activos, agentes de retención y variables estratégicas.
Asimismo, el Estado de Honduras suscribió en julio el Convenio sobre Asistencia Administrativa Mutua en Material Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con la finalidad de mejorar el sistema de transparencia, la captación de tributos y generación de condiciones adecuadas para evitar la evasión y el doble pago fiscal.
A nivel de digitalización electrónica, la administración tributaria ha lanzado programas, sistemas y aplicativos que permiten que las solicitudes, revisiones y demás trámites se realicen de forma más expedita. Entre ellas, la aplicación SAR 3.0.6, la herramienta KIIN y el sistema de información integrado del servicio de administración de rentas (SIISAR).
Además, el gobierno, a través de la Secretaría de Finanzas, ha anunciado que revisará exoneraciones e incentivos fiscales, pero aún no ha aclarado la metodología que empleará; y el Congreso Nacional dijo que revisarán el Código Tributario vigente y buscarán reformar la ley del impuesto sobre venta (ISV).
En Nicaragua y Costa Rica
En Nicaragua, la Administración Tributaria, encargada del Registro Único de Contribuyentes (RUC), ha adoptado durante el presente ejercicio fiscal el criterio referido a que “no se puede ser represente legal, director o socio de dos o más sociedades que compartan la misma actividad económica”.
La tendencia de la autoridad consiste en rechazar los trámites de inscripción de los contribuyentes que incumplan con este criterio y esto causa que la empresa no pueda realizar las gestiones necesarias para el inicio de sus operaciones y se vea forzada a modificar su composición accionaria, junta directiva vigente e incluso a nombrar un nuevo representante legal.
En Costa Rica, este año ha sido complejo para la administración tributaria, fundamentalmente afectada por el “hackeo” sobre sus sistemas informáticos que sacaron de operación todo el sistema de recaudación y encriptó las bases de datos.
La afectación inició en abril y, si bien para agosto ya se había logrado reiniciar la operación del sistema de declaración tributaria digital, aún continúa sin tener todos sus servicios habilitados. Por ejemplo, el Digesto Tributario, repositorio de oficios y jurisprudencia administrativa para consulta del contribuyente, sigue fuera de operación.
Por otro lado, el cambio de gobierno en mayo pasado provocó el cambio de las jefaturas de las cuatro direcciones que componen la Administración Tributaria: la Dirección General de Tributación, Dirección General de Aduanas, Dirección General de Hacienda y la Policía Fiscal.
Para el caso, el cambio del director general de Tributación ha resultado llamativo, dado que ostentaba el cargo desde hacía poco más de diez años, lo que ha provocado un cambio en la comunicación y relación del fisco con los contribuyentes.
