Bloomberg Línea — La disolución del Congreso de la República por parte de Pedro Castillo terminó en la aprobación de su vacancia presidencial y posterior captura por parte de la Policía Nacional del Perú.
En medio de la crisis política desatada desde la mañana del miércoles, el Poder Judicial del Perú se pronunció y condenó “las acciones que quiebran el orden constitucional y legal”, pidiendo a la ciudadanía y a la sociedad civil mantenerse vigilante en defensa del Estado Democrático de Derecho.
La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, señaló que como poder del Estado garantizarán “independencia en el ejercicio de nuestras funciones y el pleno y efectivo funcionamiento de todos los órganos jurisdiccionales del país. Continuaremos luchando firmemente contra la corrupción”.
Al tiempo, demandó a las demás instituciones del país respetar el Estado de Derecho.
Tras su pronunciamiento, el Pleno del Congreso aprobó la vacancia presidencial contra Castillo, con 101 votos a favor, situación que estuvo acompañada por el rechazo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a las determinaciones del mandatario, reafirmando que no participarían del autogolpe de Estado que este quiso poner en marcha.
Junto al pronunciamiento del Poder Judicial, la Junta de Fiscales de Supremos, como órgano de gobierno de mayor jerarquía del Ministerio Público, anunció la adopción de las acciones legales correspondientes.
“Frente a la decisión de Pedro Castillo de disolver el Congreso, (la Junta) expresa su rechazo por los siguientes motivos: condenamos el quebrantamiento del orden constitucional; ninguna autoridad puede ponerse por encima de la Constitución; el Ministerio Público, como órgano constitucional autónomo, que tiene el mandato de persecución del delito, tomará las acciones legales correspondientes frente al quebrantamiento del orden constitucional”, dijeron los fiscales supremos del Perú en un pronunciamiento.
En su turno, el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, dijo que el Perú no tenía gobierno en este momento, después de que Castillo se apartara de la Constitución y la ley. “En estos momentos los ministros están renunciando todos porque nadie quiere ir preso. Quienes han dado un golpe de Estado en Perú están presos y eso no puede permitirse”, dijo a los medios.
En la misma tarde el miércoles 7 de diciembre, el Congreso del Perú tomó posesión a Dina Boluarte, quien era la vicepresidenta de la nación, como la nueva y primera presidenta del Perú, tras la destitución de Castillo.